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Autor;: Carlos Pérez Simancas
Publicado en esta página web el 3 de septiembre de 2026

          El 27 de noviembre de 1686, desde Cumaná, Gaspar Mateo de Acosta escribió al rey para describir una provincia castigada por la pobreza, los daños todavía visibles del terremoto de 1684 y la penuria de unas guarniciones que acumulaban atrasos en sus pagas. En aquella economía casi privada de moneda, el maíz se cambiaba por cacao, el cacao por miel y la miel por carne. Durante esos mismos meses, el gobernador comunicó a la Corona la penetración de franceses por el río Guarapiche y su establecimiento en Guanipa, tierra adentro. Había tomado posesión del gobierno de Nueva Andalucía el 15 de agosto. Apenas necesitó tres meses para descubrir que la soberanía escrita en los nombramientos debía sostenerse, sobre el terreno, con fortalezas maltrechas, soldados mal abastecidos y caminos que nadie vigilaba de manera permanente.

          Esas cartas, conservadas en el Archivo General de Indias y estudiadas por Rogelio Altez y María N. Rodríguez Alarcón, permiten acercarse a Acosta desde el lugar donde su figura adquiere mayor consistencia histórica: el ejercicio cotidiano del poder en una provincia periférica. No conservamos un retrato suyo. Tenemos, en cambio, sus informes, el rastro de sus nombramientos y las decisiones adoptadas durante dos gobernaciones americanas. Para un hombre del siglo XVII, esa dispersión documental acaso sea una forma de retrato más fiel que la pintura cortesana: no ofrece el rostro, pero deja ver aquello que tuvo delante y el modo en que procuró gobernarlo.

          Gaspar Mateo de Acosta había nacido en Santa Cruz de La Palma el 22 de septiembre de 1645, hijo de Francisco de Acosta y Melchora Vendewal. Muy joven emigró a América y siguió la carrera de las armas. Su primer destino conocido estuvo en Santo Domingo, donde combatió contra filibusteros y piratas franceses. Allí contrajo matrimonio con Catalina Martínez. Antes de 1675 regresó a La Palma, aunque las fuentes disponibles no precisan la duración ni las circunstancias de aquella estancia. Su vida adulta quedó ligada, de manera casi completa, al Caribe.

          Aquel espacio no era una frontera inmóvil. Las alianzas europeas alteraban la identidad jurídica del enemigo; las patentes de corso convertían la violencia naval en prolongación de la guerra entre coronas, mientras el contrabando comunicaba puertos que la legislación pretendía mantener separados. Un mismo navegante podía aparecer como corsario, comerciante o intruso según el momento, la bandera y la autoridad que describiera sus actos. Acosta aprendió el oficio militar dentro de ese mundo, donde la defensa de una plaza dependía de la artillería, pero también de los víveres, del crédito, del conocimiento de las costas y de una negociación constante con la escasez.

          En 1683 ejercía como capitán de infantería y alcaide del castillo de San Salvador de la Punta, a la entrada de la bahía de La Habana. Frente a aquella fortaleza se alzaba el castillo de los Tres Reyes del Morro. Ambos protegían el acceso a uno de los principales puertos del sistema atlántico hispánico, lugar de concentración de las flotas antes de emprender el regreso a España. El mando de La Punta revela el ascenso alcanzado por el palmero después de sus servicios en Santo Domingo.

          El 6 de septiembre de 1683, Carlos II lo nombró gobernador y capitán general de Nueva Andalucía. Para entonces, según la biografía de la Fundación Empresas Polar, ostentaba el grado de maestre de campo y era considerado general del Ejército de las Antillas. El nombramiento tardó casi tres años en hacerse efectivo: Acosta tomó posesión el 15 de agosto de 1686. La demora permite recordar la materialidad de aquella Monarquía oceánica. Las órdenes cruzaban el Atlántico en barcos expuestos al temporal, la enfermedad y el ataque enemigo; entre la voluntad formulada en Madrid y su cumplimiento en América siempre mediaban el mar y el tiempo.

          El cargo le había costado 8.000 pesos. Ángel Sanz Tapia documentó que 6.000 fueron entregados como donativo y 2.000 como préstamo, dentro del sistema de beneficio de oficios empleado por la Corona para obtener recursos mediante la provisión remunerada de determinados empleos. La operación era legal, aunque introducía una tensión difícil de ignorar: quien desembolsaba una suma considerable para conseguir una gobernación podía sentirse impulsado a recuperar la inversión durante el mandato. La Monarquía obtenía dinero inmediato y, al mismo tiempo, abría dentro de su propia administración un espacio de confusión entre servicio público, mérito y provecho particular; después intentaba contener sus consecuencias mediante visitas y juicios de residencia.

          Nueva Andalucía era un territorio extenso y difícil de gobernar. Cumaná arrastraba una pobreza persistente y todavía padecía las consecuencias del terremoto del 4 de mayo de 1684. El fuerte de San Antonio de la Eminencia había quedado gravemente afectado; Santa María de la Cabeza se había abierto por varios puntos, y el castillo de Araya también sufrió daños en almacenes, capilla y baluartes. La fragilidad de las construcciones se unía a la escasez de moneda, el atraso de los salarios y las dificultades para alimentar a los soldados. La catástrofe no había creado todos aquellos males: había agravado una vulnerabilidad anterior, propia de una provincia periférica obligada a sostener defensas costosas con recursos insuficientes.

          Cerca de la capital se encontraban las salinas de Araya, codiciadas durante décadas por los neerlandeses. Hacia el interior se extendían territorios recorridos por comunidades indígenas, misioneros, comerciantes y extranjeros, cuyas relaciones con la autoridad española variaban según las circunstancias. La penetración francesa denunciada por Acosta a través del Guarapiche agravaba una inseguridad que no había comenzado con su llegada. Los intrusos utilizaban los ríos y los caminos interiores, negociaban con las poblaciones locales y podían consolidar su presencia mucho antes de que Madrid conociera la noticia, deliberara sobre ella y enviara una respuesta.

          Acosta dedicó buena parte de su mandato a reparar y abastecer las defensas. Proveyó de bastimentos y soldados al castillo de Santiago de Arroyo de Araya, reforzó con artillería el castillo de San Antonio y atendió Santa María de la Cabeza, donde se construyeron un aljibe, almacenes y cuarteles. En los expedientes de aquellos años reaparecen municiones, bastimentos, salarios y reparaciones. Bajo ese vocabulario administrativo se adivina la experiencia concreta de una guarnición sometida al calor, la enfermedad, la sed y la espera de un situado que podía retrasarse durante años. La presencia del rey en Cumaná descansaba sobre fortalezas deterioradas y sobre hombres que continuaban en sus puestos aunque el dinero apenas circulase.

          También intervino en las obras destinadas a devolver el río Cumaná a su cauce y disminuir los daños provocados por las crecidas. El proyecto quedó inconcluso y hubo de ser retomado por gobernadores posteriores. Es un episodio menos brillante que la defensa de una fortaleza, pero quizá más revelador acerca del gobierno colonial: un capitán general debía ocuparse de las armas y de la Hacienda, de los límites jurisdiccionales y del abastecimiento, y hasta del curso de un río capaz de arruinar las viviendas de la capital. Gobernar la periferia no consistía únicamente en representar al monarca; exigía mantener habitable el lugar donde aquella representación pretendía hacerse efectiva.

          Durante su mandato se promovieron pueblos de misión. San Buenaventura de Roldanillo fue establecido a finales de 1687 y San Diego en mayo de 1688. En mayo de 1691, Acosta entregó a los misioneros la encomienda de San Antonio de Padua, cerca de Cariaco, para favorecer la consolidación de otro pueblo. La misión evangelizaba, pero también concentraba población, aseguraba caminos y extendía la jurisdicción española hacia territorios donde la autoridad apenas disponía de medios permanentes. Frailes, soldados y funcionarios actuaban sobre una misma geografía, aunque no siempre obedecieran a los mismos intereses ni entendieran de la misma manera a las comunidades sobre las que pretendían ejercer su tutela.

          El 7 de agosto de 1689, Carlos II designó a Acosta gobernador y capitán general de Mérida, La Grita y Maracaibo. Todavía permaneció varios años en Cumaná y no abandonó Nueva Andalucía hasta el 5 de diciembre de 1693. Tomó posesión de su nueva gobernación el 8 de octubre de 1694. Maracaibo había sufrido a lo largo del siglo XVII diversos ataques de filibusteros y seguía expuesta a las incursiones procedentes del mar. La extensión provincial, los accesos al lago y los caminos que comunicaban la costa con el interior hacían imposible una defensa completa.

          Acosta cerró el camino que conducía desde Coro hasta las márgenes del lago de Maracaibo para impedir que fuese aprovechado por los atacantes y solicitó la construcción de murallas alrededor de la ciudad, proyecto que nunca llegó a ejecutarse. También incorporó a su jurisdicción el territorio comprendido entre el hato del Palmar y el río Matícora, perteneciente a Coro y al gobierno de Caracas. Los conflictos de límites eran frecuentes en una América donde muchas demarcaciones habían sido trazadas sobre territorios conocidos de manera incompleta. Las resoluciones podían tardar años en recorrer el camino entre las autoridades locales y los órganos de la Monarquía; cuando regresaban convertidas en órdenes, la realidad que había originado la disputa podía haber cambiado.

           El 26 de noviembre de 1701, Maracaibo celebró la proclamación de Felipe V. La muerte sin descendencia de Carlos II había extinguido la rama española de los Habsburgo y abierto una disputa internacional por la sucesión. Acosta, nacido durante el reinado de Felipe IV y ascendido bajo el último de los Austrias, servía ahora a un monarca Borbón mientras comenzaba una guerra que transformaría el equilibrio político europeo. En aquella ciudad americana, tan alejada de los campos de batalla continentales, la mudanza dinástica se hizo visible mediante ceremonias, juramentos y fiestas públicas: gestos con los que el orden monárquico procuraba vencer la distancia.
Su salud se había deteriorado. Solicitó el relevo y el 28 de febrero de 1703 fue sustituido interinamente por Manuel Arias de Puga. Como ocurría con quienes ejercían empleos de gobierno en las Indias, su actuación quedó sometida a juicio de residencia. Arias de Puga lo encontró culpable de comercio ilícito. La fuente biográfica consultada no precisa las operaciones investigadas, las mercancías implicadas, la sanción impuesta ni las consecuencias patrimoniales de la sentencia. Sin el expediente completo, cualquier reconstrucción minuciosa sería conjetural.

          La acusación, sin embargo, sitúa el final de su carrera dentro de una contradicción característica del Caribe hispánico. Las restricciones comerciales imponían rutas, puertos y autorizaciones que no siempre abastecían con regularidad a las provincias. Mercaderes neerlandeses, franceses e ingleses ofrecían mercancías, crédito y compradores para los productos locales. En torno a esos intercambios se movían propietarios, militares y funcionarios, unas veces por beneficio propio y otras porque la subsistencia de las poblaciones dependía de circuitos que la ley prohibía o limitaba. Acosta había pagado por obtener el gobierno de Cumaná y terminó sometido a residencia por participar en un comercio que debía vigilar. El dato no autoriza a absolverlo ni a convertirlo en emblema de corrupción; obliga, más bien, a observar la proximidad incómoda entre las normas de la Monarquía y las prácticas que permitían sobrevivir en sus fronteras.

         Murió en La Habana en julio de 1706. Las fuentes empleadas no aclaran las circunstancias de su muerte ni permiten localizar con seguridad su sepultura. Tampoco sabemos si, después de la estancia anterior a 1675, volvió alguna vez a La Palma. La mayor parte de su vida adulta transcurrió entre Santo Domingo, La Habana, Cumaná y Maracaibo. Su nombre quedó repartido entre cartas, nombramientos, cuentas de la Real Hacienda y expedientes administrativos.

          Su trayectoria abre una perspectiva canaria de la Monarquía Hispánica que rara vez ocupa un lugar destacado en los relatos generales. Desde las islas partieron soldados, pilotos, comerciantes, religiosos y funcionarios que participaron en el gobierno y la defensa de territorios situados a enorme distancia de sus lugares de nacimiento. Algunos regresaron; otros fundaron familias en América o murieron allí. Acosta perteneció a ese movimiento humano que enlazó los puertos canarios con el Caribe e hizo del archipiélago una pieza activa de la circulación atlántica.

          No dejó una victoria extraordinaria ni una derrota memorable que asegurase su presencia en los manuales. Dejó documentos. Entre ellos permanece la carta escrita desde Cumaná el 27 de noviembre de 1686, cuando el gobernador recién llegado describía una ciudad empobrecida, con las fortalezas dañadas y los soldados esperando su paga. Mientras el papel viajaba hacia Madrid, el Guarapiche seguía abriendo su cauce hacia el interior, los franceses se afirmaban en Guanipa y los hombres de Araya vigilaban el horizonte sin saber cuándo llegaría el próximo barco.

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