El desamparo de los Desamparados (y 2) (Retales de la Historia - 245)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 3 de enero de 2016).
 
 
          Las carencias del Hospital de Caridad no parecían tener fin. El Ayuntamiento, en el que había recaído su administración en contra de sus deseos y de sus posibilidades, se veía incapaz de desempeñar la misión que a la fuerza se le había encomendado. El jefe político Soverón, tratando de convencer al alcalde, en mayo de 1814 ordenó que “se le librara la cantidad de 22.500 reales de la manda pía de Pedro Harpe, para atender las más urgentes necesidades, que eran muchas”. El alcalde esperaba el dictamen del procurador síndico para hacerse cargo del patronazgo, pero Soverón ordenó el inmediato cumplimiento.
 
          El dictamen del síndico Patricio Murphy venía a decir que el patronato asignado al Ayuntamiento no debía aceptarse sino provisionalmente, hasta que se hiciera un nuevo reglamento y se asegurara la debida asignación para el mantenimiento. No hubo más remedio que aceptar ser patrono provisional e indispensable mientras se regularizaba la situación. Pero la ansiada regularización no era fácil de alcanzar.
 
          El administrador José de Monteverde, cansado de adelantar dinero sin compensación alguna, dimitió en el mes de junio. Se nombró entonces mayordomo a Josef Goyri, que no aceptó, y lo mismo ocurrió con Luis Colina. Por fin se logró comprometer al regidor Enrique Casalon, que aceptó provisionalmente hasta final del año, encomendándole que “de la manda pía de Harpe procurara atender las deudas pendientes con capellán, médico y boticario”. Renunció el médico Joaquín Viejobueno, que reclamaba el salario de un año menos diez días, al que el Ayuntamiento contestó que su paga estaba vinculada al derecho de toneladas asignadas en el registro de Caracas, “que no se cobra desde el año 1811 por causa de estar interrumpido el comercio de estas Islas a aquella Provincia”. No obstante, el doctor Viejobueno ofreció seguir atendiendo a los enfermos del Hospital por 30 pesos mensuales, cantidad que rebasaba las posibilidades municipales, y no se le podían ofrecer sino 15 pesos, que acabó aceptando.
 
          Entretanto, José de Monteverde presentaba cuenta detallada de lo que se le adeudaba, más de 17.000 reales, y se asumía el proyecto iniciado por la Diputación provincial para hacer mejoras en el Hospital de Desamparados. Se abrió expediente sobre las rentas que poseía la institución, lo que venía a demostrar que el mal principal estaba en la administración. El Hospital, entre otras rentas, tenía ocho casas en Santa Cruz, tres en La Laguna y cuatro propiedades en tierras.
 
          En noviembre de 1816 se acogió favorablemente la idea de establecer una Escuela de Cirugía en el Hospital Civil, trasladando los enfermos al cuartel de San Miguel, cerca del Hospital Militar, a lo que su propietario González de Mesa prestaba conformidad. El proyecto estaba tan decidido que el comandante general La Buria ordenó que la partida de Ultramar que ocupaba San Miguel se trasladara al cuartel de San Carlos para facilitar la instalación de los enfermos. Pero para acogerlos era necesario hacer obras de acondicionamiento en el antiguo San Miguel y aunque sobraban buenos propósitos lo que no había era un solo real. Nunca se hizo la deseada Escuela o Colegio de Cirugía, que hubiera podido ser germen o semilla de una posible y temprana Facultad de Medicina.
Enrique Casalon, que había aceptado la administración de los Desamparados durante el segundo semestre de 1816, no pudo librarse del compromiso durante todo un año. En agosto de 1817 no soportó más la situación y dimitió del cargo, presentando la cuenta de lo que se le adeudaba por gastos suplidos durante su gestión. El saldo a su favor era de 72.423 reales. Mucho había aguantado. De todas formas, como síndico municipal y alcalde accidental en este año, en absoluto se desvinculó del Hospital. Conocedor de las dificultades que soportaba el establecimiento, una de sus primeras disposiciones después de dimitir como administrador fue la publicación de un bando ordenando que los cerdos que se encontraran en las calles fueran sacrificados en la carnicería para consumo de los enfermos. También aprobó un plan para unir el Hospital al Hospicio de San Carlos y medidas para mejorar su administración, reconociéndose que se encontraba en decadencia. La solución, si la había, era muy problemática, y de difícil aplicación. En 1822 nada había mejorado y se llegó a establecer turnos entre los regidores, como se llamaba entonces a los concejales, para recabar limosnas entre los vecinos intentando y tratando de mejorar la situación del Hospital de los Desamparados.
 
          Pasaron los años y no se vislumbraba solución a las tremendas carencias que padecía el Hospital. Una mujer pobre fallecida fue enterrada desnuda por no disponerse de lienzo para cubrirla y se pidió al presbítero Juan Lanzarán que si volvía a darse el caso avisase al Ayuntamiento "para evitar la repetición de la indecencia cometida".
 
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