Los Montes de Santa Cruz (1) (Retales de la Historia - 181)

Por Luis Cola Benítez (Publicado en La Opinión el 5 de octubre de 2014)


          La palabra “monte” puede en nuestro caso sustituirse por “bosque”, es decir, lugar poblado de árboles, pues bien cierto es que en las islas suele coincidir el bosque con  el monte, montaña, cumbre o lugar elevado.

          Concluida la conquista y extinguido el comercio de esclavos, la principal riqueza natural de la isla era la madera de sus bosques, imprescindible durante una larga época histórica para todo lo concerniente al adelanto material de las poblaciones, de las industrias de construcción, incluyendo la naval, pero también para el sostenimiento de otras actividades, como los ingenios azucareros, responsables en buena medida de una rápida desforestación por la cantidad de leña necesaria para el refino del producto, hornos de cal, fabricación de tejas o gánigos y otras industrias que precisaban del fuego.

          Desde muy temprano se intentó preservar los montes, pero el carboneo, las talas clandestinas y los intereses de propietarios y poderosos, daban al traste con las intenciones. Además, las competencias no estaban bien definidas lo que favorecía los conflictos jurisdiccionales, tales como el de 1765 entre el alcalde de Santa Cruz José Camacho y el teniente de gobernador José Mª Bueno, cuyo expediente se encuentra en el Archivo Histórico de La Laguna, sobre el que el letrado del Cabildo Nicolás Viera y Clavijo dictaminó que deberían usarse métodos más suaves y persuasivos antes de llegar a la Real Audiencia. Se trató de centralizar la gestión de los montes en 1804, cuando una provisión de la Real Audiencia declaraba que la conservación, aumento y prosperidad de los montes pertenecen al fuero militar de la Comandancia de Marina. Pero las competencias entre esta autoridad, el alcalde y el Cabildo seguían colisionando, y en 1809 el corregidor de La Laguna José María Valdivia informaba al alcalde de Santa Cruz que la Real Audiencia le había conferido todo lo concerniente a montes y pedía que se le trasladaran todas las causas abiertas en este ramo, que no eran pocas. Además, lamentablemente, había que contar con frecuentes incendios, intencionados o no, que diezmaban la superficie forestal.

       Poco después, siendo alcalde del agua Vicente Martinón, se prohibieron ganados sueltos en los montes y cortes de madera cerca de los nacientes, ofreciendo gratificaciones al guardamonte y al cañero responsable de las atarjeas, para que ejercieran la más estricta vigilancia. Pero nada era suficiente. Se dictaban medidas contra los leñadores y carboneros clandestinos, pero lo difícil era aplicarlas. En 1813 el alcalde Matías del Castillo autorizó al guardamontes para que prendiera a leñadores, carboneros y taladores, para que pudiera matar cabras y cerdos sueltos y confiscar las bestias y herramientas que utilizaban los infractores. Pero, ¿cómo podía un hombre solo realizar esta función, por mucha gratificación que se le ofreciera?

        Durante gran parte del siglo XIX uno de los más lucrativos negocios fue el contrabando de maderas y leñas con destino a las islas orientales. La saca de maderas clandestina se hacía por todos los valles y barranos de Anaga: Almeida, Bufadero, San Andrés, Igueste, Roque Bermejo, Almáciga, Taganana. Se concedían algunas licencias cuyo cumplimiento era en la práctica imposible de controlar. En 1815 Salvador Agustín de Vera, subteniente de Milicias Provinciales, gobernador de las armas y castellano del fuerte y pueblo de San Andrés, solicitaba a José Crosa, alcalde de Santa Cruz, que no se impidiera que los barcos fueran a aquellas playas en busca de leña como lo han estado haciendo desde antiguo, añadiendo que este aprovechamiento es parte fundamental para el sostenimiento de los vecinos. Al mismo tiempo, el castellano de San Andrés prometía vigilar que no se embarcara más leña que la autorizada en cada caso y que no se hiciera de noche desde las oraciones hasta la descubierta.

          En estos años son frecuentes las quejas por los destrozos que están sufriendo los montes y no sólo los de Anaga, Taganana, Bufadero y  otros, sino también del resto de la isla. A Santa Cruz de paso para Canaria, llega desde Arico un barco con tea para el alumbrado y el corregidor del Cabildo ordena al alcalde Juan de Matos que confisque la carga pues ha sido lograda cortando o picando los mayores árboles de aquel monte, en disposición de que los tumbe el viento por el pequeño interés de sacar de su corazón una corta porción de tea. Pero ocurre que precisamente el ayuntamiento de Santa Cruz mantiene reclamación ante el Consejo de Castilla por desavenencias con el corregidor sobre la jurisdicción de los montes. El alcalde le contesta que por consiguiente no puedo ni devo admitir comisiones que Vm. me de en materias de igual clase, no obstante lo cual pide licencia al general Rodríguez de la Buria para acceder al muelle y decomisar la tea de contrabando.

          Entretanto, el padre del alcalde pedáneo de San Andrés resulta ser uno de los mayores infractores, al encontrarse el escribano Bernardino Tapia gran cantidad de leña de su propiedad en la playa  para su embarque.
                            

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