La rocambolesca historia de la bomba contra incendios (1) (Retales de la Historia - 80)

Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 28 de octubre de 2012).

 

           ¿Cómo se combatían los primeros incendios en Santa Cruz? Como mucho, cuando el agua estaba cercana, formando cadenas humanas que acarreaban cubos para arrojar a las llamas. Como la madera era el principal elemento de construcción, poco efecto tendría el remedio y sólo quedaba esperar a que se agotara el material combustible. Así ocurrió en el incendio que en 1652 destruyó totalmente el templo de la Santa Cruz, advocación original de la iglesia matriz de la Concepción. En 1784, en el mayor siniestro sufrido por la población, se utilizó otro drástico medio de extinción y, de las 53 casas perdidas, 21 fueron demolidas a cañonazos para frenar el avance del fuego. Más tarde, por la estrechez de las calles, se habló de prohibir los balcones que sobresalían de las fachadas para evitar la propagación de una acera a otra.

          Fue en 1824 cuando el Ayuntamiento se planteó por primera vez un plan de incendios, cuya puesta en vigor era más que problemática por la ausencia total de recursos. Se comenzó por hacer una suscripción pública, admitiendo tanto dinero como herramientas, material que fue almacenado en una dependencia del convento de San Francisco que albergaba las casas consistoriales, hasta que el intendente pidió el local para alojar tropas, obligando a trasladarlo a la sala de sesiones por no haber otro lugar. Al tratarse de un local abierto, poco a poco fue desapareciendo todo lo reunido con tanto trabajo.

          El 18 de abril de 1830 se declaró un incendio que destruyó la casa del comerciante José Gutiérrez, en la calle Candelaria, que se sofocó gracias a la ayuda de las tripulaciones de las fragatas de guerra Perla, española, y la francesa Emulation, cuyo trabajo recompensó la corporación con sendas pipas de vino. Fue necesario publicar un bando pidiendo que se devolvieran las hachas y otras herramientas desaparecidas, así como útiles de las casas desalojadas.

          Este mismo año, por haberse encontrado en el comercio de Sebastián Déniz (o de Nis) mayor cantidad de pólvora de la permitida, el infractor decidió aportar 300 pesos para la adquisición de una bomba contra incendios, aportación que el ayuntamiento consideró donación, mientras que para el regente de la Audiencia se trataba de multa que correspondía a la caja de Penas de Cámara. Y empezó el problema.

          El dinero quedó en manos del mayordomo tesorero municipal, cuando el alcalde del año anterior, José Espinosa Cambreleng, pidió ayuda porque a instancias del subdelegado de Penas de Cámara, se le habían embargado sus bienes a cuenta del dinero recibido. Se iniciaron gestiones con el comisionado regio e intendente para que intercediera cerca del subdelegado, pero el contencioso duró más de dos años, hasta que una R. O. de 31 de julio de 1832 determinaba que, fuera multa o donación, se le diera el destino de la compra de la ansiada bomba. El problema estribaba que el comisionado  anterior, Manuel Genaro Villota, había entregado el importe por mitad al alcalde Cambreleng y al escribano José Oliver, que habían intervenido en el expediente, los cuales lo habían dejado a disposición del subdelegado de Penas de Cámara.

          Parecía que el asunto tendría fácil solución, pero ante la negativa del subdelegado a entregar los 300 pesos, en 1834 el Ayuntamiento pidió al intendente de la Real Hacienda que le retuviera el sueldo hasta completar el importe, lo que no sólo no fue atendido sino que, en contra de la provisión de la Real Audiencia, el intendente tomó partido y retuvo el dinero. Intervino el nuevo gobernador civil José Marrón, informando que de los 300 pesos -4.500 rs. vn.-, sólo había disponibles 1.500, que el ayuntamiento aceptó a cuenta del total que esperaba cobrar más adelante. Pasan los años y el intendente informó en octubre de 1837 que se había recibido de Londres la bomba contra incendios, que había importado 116 libras y 1 chelín, para lo que se aportaron los 1.500 rs.vn. cobrados. Hechas las cuentas se comprobó que había costado el triple de lo presupuestado inicialmente, y el intendente se negó a entregarla sin percibir el total.

          La Diputación Provincial y Fortificaciones ofrecieron ayuda, pero esta última a condición de la que bomba quedara en manos militares, lo que no se aceptó. Se pidió entonces que, al menos, se pudiera inspeccionar y hacer una prueba pública, a lo que tampoco accedió el intendente, por lo que se expuso que no siendo el municipio responsable del elevado costo devolviera lo pagado para traer otra de menos precio. Por suscripción pública se habían reunido 9.104 rs. vn., pero aún faltaban 5.215 para completar el importe, y se pidió a la Diputación que autorizara a repartirlos a los predios urbanos, que eran lo que mayores beneficios iban a recibir en caso de incendio, lo que no fue aceptado.

          Y sigue la rocambolesca historia.

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