Tras la autonomía municipal (Retales de la Historia - 150)
Por Luis Cola Benítez (Publicado en La Opinión el 2 de marzo de 2014).
Cuando a raíz de la victoria sobre las tropas capitaneadas por el contralmirante Horacio Nelson, el general Antonio Gutiérrez sugirió que podía servir la Gesta como principal argumento para suplicar al Rey el privilegio de Villa exenta, ya hacía varios años que Santa Cruz intentaba hacer oír su voz, sin sujeción a ninguna otra, entre los pueblos de las Islas.
Al inicio del último cuarto del siglo XVIII, el Lugar y Puerto ya rondaba los 7.000 habitantes y casi se igualaba en población con La Laguna. Las dificultades en la sociedad de entonces, al comenzar la década de los 70, se acrecentaban por varios años seguidos de extrema sequía, y cuando llegó el regimiento de América, dos batallones de 700 hombres cada uno, el problema del alojamiento y manutención fue terrible en época de grandes escaseces, hasta el punto de que Lope de la Guerra creía que, Santa Cruz, “es más temible que sea vencida sitiada por hambre, que por falta de valor y de resistencia de sus naturales”. Se hacían plegarias y rogativas, la Virgen de Candelaria fue llevada a La Laguna y en Santa Cruz innumerables pobres del interior y de otras islas deambulaban por las calles.
Paulatinamente, con la llegada de las lluvias y de algunos suministros de fuera, la situación se fue normalizando, bajo la tutela del omnipresente Cabildo de La Laguna -menos, por lo visto, para la manutención de la tropa-, del que el puerto dependía totalmente hasta para los más nimios detalles. Tal es así que cuando en 1776 el vecino Juan Manuel Troncoso quiso hacer una casa junto al barranco del Aceite, tuvo que esperar la visita de los diputados del Cabildo lagunero para que le señalaran los lindes con el barranquillo. No obstante, la población progresaba. Se construía la nueva torre de la iglesia de la Concepción y la nave de la Epístola de la de San Francisco, a cuya sombra empezaba a formarse el barrio de El Toscal; el teniente de Rey Matías Gálvez se ocupaba de poner cañería de piedra horadada para el agua, con aportación de los vecinos de más de 14.000 pesos, lo que hizo exclamar Lope de la Guerra que “en ningún otro lugar se pudiera al presente hacer y efectuar semejante oferta”; el general Tabalosos comenzaba a construir el Hospital Militar. Y en 1772 llegó la buena noticia de la concesión de la libertad de comercio con América.
Este mismo año, por primera vez, el alcalde fue nombrado por elección de los vecinos, siéndolo el capitán Matías Rodríguez Carta, y se eligió también diputado de abastos y personero del ayuntamiento. Años antes, ya Santa Cruz había intentado nombrar dos diputados del común, para cuyos empleos resultaron elegidos el mismo Rodríguez Carta y Salvador Morera, pero la elección fue anulada por mandamiento de la Real Audiencia.
Pero la semilla ya comenzaba a arraigar. El domingo 9 de mayo de 1773 se celebró junta de vecinos en Santa Cruz, autorizada por el comandante general Miguel López Fernández de Heredia, en la que se solicitó que se instituyera ayuntamiento en el lugar y puerto, con todas sus prerrogativas. Se era consciente de que tal institución no podría pervivir por no disponer de medios, por lo que, al mismo tiempo, se pedía que se desmembrase el haber del peso y el estanco del jabón, cuyos productos pertenecían al Cabildo de la Isla, asignando al menos una parte a recursos del nuevo ayuntamiento. También se pedía que fuera el propio alcalde el que nombrase a su sustituto en caso de ausencia o enfermedad, pues hasta entones, llegado el caso, el cargo pasaba a ejercerlo un regidor del Cabildo. En diciembre de este mismo año la Real Audiencia autorizó a Santa Cruz que pudiera elegir diputado suplente, del Común y síndico personero, pero no se concedió el principal objeto de la petición.
La tensión se mantuvo en 1774 en la elección de nuevo alcalde, Bernardo de la Hanty, tercero elegido por los vecinos, que pretendió anular el corregidor, pero que dio por buena la Real Audiencia. Más tarde, en 1781, con motivo de la ruina de la casa que servía de cárcel ocasionada por un huracán, el Cabildo se negó a repararla, a pesar de que le correspondía por haber sido construida con sus fondos, y hubo de recurrirse a las limosnas de los vecinos.
La situación y las reticencias se prolongaron en el tiempo, aunque algo se iba logrando. En 1786 la Diputación mandó contener en sus límites a los regidores del Cabildo y, cuatro años después, la Real Audiencia reconocía los privilegios del alcalde de Santa Cruz, advirtiendo al alcalde mayor de la Isla que se dirija al de Santa Cruz “por oficio, sin recurrir a exhortos, amenazas de multas u otras violencias.”
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