Alcalde del agua (Retales de la Historia - 138)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 8 de diciembre de 2013).
 
Un cargo peculiar
 
 
          Lo relacionado con el agua de Santa Cruz, ha sido, es y será un renglón singular, que sobrepasa los aspectos políticos o económicos,  y se aproxima  e incide  de forma determinante en la simple supervivencia.
 
          Cuando en 1706 el agua llegó desde los nacientes de Monte Aguirre por iniciativa del gobernador y capitán general Agustín de Robles y Lorenzana, esta autoridad dictaminó que el agua era del rey, que gratuitamente la ponía a disposición de los vecinos, mientras que establecía unos derechos sobre el servicio de aguada a los barcos, que cobraba la Real Hacienda. Por tanto, desde el principio, la administración de todo lo concerniente al servicio, nacientes, canales, fuentes, estaba en manos del ramo militar, y así continuó durante más de cien años. Como es lógico, el general delegaba la función en otra persona y así nació el cargo de alcalde del agua. El simple enunciado de su título evidencia la importancia de su cometido al equipararlo al máximo representante municipal, del que en cierta manera también dependía, puesto que hay constancia de instrucciones y recomendaciones del alcalde real a su homónimo del agua, a pesar de que su nombramiento lo hacía la autoridad militar. Llama la atención el hecho de que en el Archivo Intermedio Militar de Almeida, casi no existe documentación relacionada con este importante asunto.
 
          Hasta 1732 no conocemos al alcalde del agua, Ángel Díaz, cuando denunció que el estado de las canales era tan deficiente que de 20 pulgadas cúbicas en los nacientes, sólo 8 llegaban al pueblo. Seguramente era militar, como lo era en 1779 el capitán de Milicias José Víctor Domínguez, que también sería alcalde del puerto, comisionado por el marqués de Tabalosos para que atendiera a todo lo relacionado con las aguas, nombramiento que comunicó al alcalde Felipe Piar. Más tarde lo fue Diego Fernández Calderín, al que sucedió en 1790 Pedro Higueras, nombrado por el segundo cabo José de Avellaneda.
 
          Una de las obligaciones del alcalde del ramo, además de velar por el buen estado de nacientes y canales, suministro a los chorros públicos, al aljibe del castillo de San Cristóbal y a los caños de la aguada en el muelle, era la de atender al cuidado y riego de la Alameda de Branciforte. Cuando en 1791 tomó posesión el comandante general Antonio Gutiérrez, lo primero que hizo fue pedir a Pedro Higueras un informe detallado de los antecedentes sobre el suministro de agua al pueblo, al objeto de ponerse al corriente sobre este renglón estratégico para la defensa.
 
         En diciembre de 1797, cuando Santa Cruz intentaba volver a la normalidad después de los terribles acontecimientos del mes de julio que culminaron con la victoria sobre las fuerzas del contralmirante Nelson, José de Monteverde fue nombrado alcalde del agua y encargado de reparar las conducciones. Los trabajos se prolongaron por falta de medios y, para poder continuarlos, transcurridos dos años pidió 4.000 reales al mariscal de campo José Perlasca, que había sucedido al fallecido general Gutiérrez, quien ordenó el libramiento de dicha cantidad al veedor Pedro Catalán. Por lo visto no fue suficiente, como se desprende de un oficio de agosto de 1801 de Monteverde a Perlasca, informándole que se veía precisado a suspender los trabajos por falta de fondos y despedir a los trabajadores.
 
          A Monteverde le sucedió el capitán Domingo Vicente Marrero -alcalde del puerto cuando el ataque de la escuadra de Nelson-, que tuvo que ocuparse de reparar la Pila de la plaza principal, rota al caerse en la noche de 29 de septiembre de 1802. Se reparó con piedra cedida de las obras de la Concepción de La Laguna, labrada en la cantera de Pedro Álvarez.
 
          Siguió una época de grandes sequías, especialmente en el año 1807, en que se recurrió a traer el agua en barricas desde San Andrés, lo que dio lugar a problemas en su distribución, dictándose normas para que los barqueros no aplicaran precios abusivos. Pero ya entonces Santa Cruz era Villa exenta, comenzaba a hacerse cargo de la administración de sus asuntos, e hizo ver al capitán general que había una Real Orden “que declara que el agua de esta Villa no es ramo de la Real Hacienda” y comenzó a reclamar el servicio, proponiendo que el alcalde del agua lo fuera por nombramiento popular, es decir por el ayuntamiento.
 
          El último alcalde del agua de nombramiento militar fue José Víctor Domínguez, que ya lo había sido anteriormente, hasta que en 1811 el general Ramón de Carvajal entregó al municipio las cuentas y documentos del agua.
 
          Por fin Santa Cruz era dueña de su agua.
 
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