Santa Cruz liberal (y 2) (Retales de la Historia - 110)
Por Luis Cola Benítez (Publicado en La Opinión el 26 de mayo de 2013).
De los graves acontecimientos que se sucedían en la España peninsular desde principios del año 1823, nada se refleja en la vida municipal de Santa Cruz, capital de la provincia. Llegaban vagas noticias sobre la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis mandados por el duque de Angulema y se supo de la caída de Madrid y que en mayo dominaban casi todo el territorio nacional, sitiando en julio Cádiz, donde se había refugiado el gobierno liberal, que no tardó en caer.
De nada de esto se hacen eco los documentos municipales, hasta que el 8 de septiembre el alcalde Antonio de Lugo-Viña recibe un oficio del jefe superior político Rodrigo Castañón comunicando que el comandante militar Ramón Polo había declarado el estado de guerra, procediendo a detener al procurador síndico Manuel Álvarez, al diputado provincial presbítero José Deza Goyri, al administrador de Correos Antonio Polanco y al jefe de Hacienda militar Francisco de Paula Villar. El Ayuntamiento pidió conocer la orden o decreto por el que se establecía el estado de guerra y se declaró en sesión permanente hasta recibir contestación del jefe político, que se limitó a manifestar que las Cortes habían otorgado facultades extraordinarias a jefes militares y políticos, al tiempo que preguntaba si había tranquilidad pública. Se contestó que las detenciones realizadas por el comandante general habían alarmado a los ciudadanos y sería suya la responsabilidad de cualquier incidente que pudiera ocurrir.
Se citó para consultas a ciudadanos relevantes -Miguel Soto, Patricio Anran, Matías del Castillo, Pedro de Mendizábal, Vicente Martinón, Valentín Baudet- y al no haberse recibido el R. D. con las excepcionales medidas, se sometió el asunto a votación secreta y se declaró, por doce votos contra uno, que el comandante general se había excedido en sus atribuciones, resolución que se trasladó al jefe superior político.
La situación se complicó cuando el comandante general anunció que había dispuesto el traslado a Cádiz de los detenidos, a lo que se opuso el Ayuntamiento pidiendo que fueran puestos en libertad o que en caso de que se tratara de delincuentes fueran juzgados conforme a las leyes. Se pidió al comandante de Marina que no permitiese la salida de ningún barco hacia la Península y se solicitó la mediación del intendente, que estaba haciendo las veces de jefe político, para que el comandante general recibiera al alcalde, pero el interino contestó que no estaba capacitado para intervenir en asunto de tanta trascendencia. El comandante general replicó a las demandas ordenando la movilización del alcalde Lugo-Viña, que era también teniente de Milicias.
Cuando los ediles seguían pensando que el militar había “traspasado los límites de sus atribuciones”, llegó advertencia del jefe político en el sentido de que el comandante “quería hoy venir a prender a esta corporación”. Por fin se recibió copia del decreto de las Cortes sobre medidas extraordinarias propuestas por S. M., pero no llegaba la comunicación directa que el Ayuntamiento precisaba y echaba de menos. Se informa al jefe político que la tranquilidad pública es total y se piden aclaraciones, cuando llega comunicación de la Diputación Provincial diciendo que podía declararse el estado de guerra en las provincias que estuviesen próximas o en peligro de ser invadidas, lo que no era el caso.
Continúa la sesión abierta y se presenta el jefe político, al que se cede la presidencia. Todo parece indicar que no procede la declaración de estado de guerra, se consulta con letrados y llegan comisionados de La Laguna, Güímar, Orotava y Garachico para informarse de la situación. Retirado el jefe político, al no estar presente el titular ocupa la presidencia el alcalde segundo José Calzadilla, y se sigue esperando la contestación del comandante general, cuando se sabe que ha confirmado el envío de los detenidos a Cádiz, pero que reconsiderando su decisión inicial exonera al alcalde Lugo-Viña, que vuelve a ocupar la presidencia. Se conoce entonces que los prisioneros han sido embarcados a las seis y media de la mañana y se acuerda formular queja al Soberano Congreso “representando los disgustos causados con las medidas extraordinarias tomadas por el Excmo. Sor. Comandte. General de estas Islas”, pero no se llegó a tiempo de enviarla en el mismo barco. Después de varios días de máxima tensión, se cerró la sesión municipal a las nueve de la noche del día 14.
El día 2 de noviembre, con el nuevo comandante general brigadier Uriarte llegó confirmación de la abolición del sistema constitucional y del restablecimiento del absolutismo. Dadas las circunstancias, bastante se había resistido el Ayuntamiento.
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