En las salas del señor Alcalde que suplen las Consistoriales (Retales de la Historia - 87)

Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 16 de diciembre de 2012).

 

          Cuando Santa Cruz alcanzó el privilegio de Villa exenta en 1803, las juntas o sesiones se continuaron celebrando en casa del alcalde, como habitualmente se venía haciendo desde siempre. En el encabezamiento de las actas de estas reuniones se hacía constar algo así como lo reseñado en el título de este Retal, a menos de que por extraordinarias circunstancias estuviera prevista la concurrencia de vecinos, lo que obligaba a buscar locales de mayor amplitud. Entonces las sesiones se celebraban en las iglesias, en la capilla del Hospital de los Desamparados o en la de la Orden Tercera, hasta que los regidores pensaron que la importancia y representatividad que correspondía a un ayuntamiento exento obligaba a contar con una sede apropiada en la que pudiera desarrollar con dignidad sus funciones. Pero los recursos eran escasos, por no decir inexistentes, por lo que la idea de contar con casa propia resultaba inalcanzable.

          En enero de 1813 se tuvo noticia de que el alférez Miguel de Vera había cedido a la Hacienda una casa en la calle del Castillo, que daba también a la de la Luz, y se acordó solicitarla al Gobierno para el consistorio. La petición no obtuvo éxito puesto que la propia Hacienda decidió instalar allí las oficinas de las Reales Rentas. Pero los ediles ya estaban lanzados y, casi inmediatamente, llegaron a un acuerdo para alquilar una casa en la parte alta de la plaza principal, propiedad de Pedro de Franchy, haciendo esquina con la calle del Castillo, cerrándose el trato con José María de Villa, apoderado del propietario y que sería alcalde el año siguiente. Era la casa en la que había nacido el general Leopoldo O’Donnell Joris, laureado militar tinerfeño que por tres veces ocupó la presidencia del Gobierno, cuyo solar ocupa hoy el Banco de Santander.

          En febrero, instalado el Ayuntamiento en su nueva sede, la primera determinación que se tomó fue ordenar el traslado de la Pila desde su emplazamiento en el centro de la plaza a un lugar junto al castillo de San Cristóbal, al objeto de evitar los escándalos que producían las aguadoras y otras gentes que allí acudían y el lodazal que se formaba, frente a lo que ya eran las flamantes Casas Consistoriales de la Villa, traslado que pudo hacerse gracias a la generosa colaboración de los vecinos.

          El alquiler acordado era de 20 pesos al mes, que al principio los regidores aceptaron con entusiasta ligereza, pero que a la larga resultaría una pesada carga para las siempre exhaustas arcas municipales. Para hacer frente al gasto se realquiló parte del inmueble al comerciante Juan G. Witte y, cuando Matías del Castillo Iriarte acababa de hacerse cargo de la alcaldía el 23 de mayo, se ofrecieron las salas consistoriales a la recién establecida Diputación Provincial, reduciéndosele el espacio a Witte, y en ellas juraron sus cargos los nuevos diputados. También ocupó algunas piezas el Jefe Superior Político, que ofreció hacerse cargo de una parte del alquiler.

          Para habilitar la casa habían sido necesarios diversos trabajos de reparación y limpieza que importaron más de 325 pesos y, a final del año, cuando José María de Villa empezó a reclamar los alquileres vencidos, se descontó de los mismos el gasto realizado. Otro gasto, por cuenta municipal, fue la confección de un dosel para la sala capitular, que costó 12 pesos, así como la reparación y restauración del mobiliario con que se había dotado la sala. En este caso, dada la inexistencia de fondos, se pagó la mitad por el alcalde y con lo que se había recaudado por multas, y la otra mitad por prorrateo entre los regidores.

          Al cesar el jefe político, aunque parezca insólito, quedó a deber el alquiler de varios meses de su vivienda, lo que creó un nuevo problema al Ayuntamiento que era incapaz por sí solo de hacer frente a la renta. Como solución, se ofreció la vivienda al secretario de la corporación, deduciéndole el alquiler de sus haberes, pero si también deseaba ocupar la parte baja que antes tenía la secretaría del gobierno político, debería de llegar a acuerdo con el propietario.

          En 1819 se ofreció espacio al Real Consulado, que iba a ser trasladado a Santa Cruz accediendo a una petición formulada hacía más de treinta años y, al reducírsele el espacio al comerciante Witte se le formalizó un nuevo contrato rebajándole la renta a 16 pesos mensuales. El año siguiente la Junta de Sanidad, que también ocupaba salas realquiladas, abonó 36 pesos por el primer semestre.

          Fue en 1820 cuando, por primera vez, José María de Villa, que después de haber sido alcalde seguía como regidor municipal, propuso el convento franciscano para sede de las Casas Consistoriales.

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