El Camino Real a La Laguna (y 3) (Retales de la Historia - 85)

Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 2 de diciembre de 2012).

 

          En 1837 las obras del camino a La Laguna sufrían un total marasmo y no había forma de que adelantaran. La Diputación seguía pidiendo que se acrecentaran los medios, que no había, y se citaba a los vecinos a concurrir a los trabajos, sin obtener la respuesta pretendida, por lo que se volvió a pedir al comandante general que facilitara presidiarios, con una corta remuneración, y que aportara herramientas. Ante la falta de respuestas se acordó oficiar al comandante general, a los de Artillería, Marina e Ingenieros, al intendente y hasta el vicario, para que apoyaran la prestación a las obras e indujeran, cada uno a los de su jurisdicción, a que no se negaran a ello.

          Pero todos los esfuerzos resultaban fallidos. Se ordenó que, entre los 15 y 60 años, el que no concurriera personalmente o mediante sustituto, pagara 4 reales para jornales, aunque quedaban exentos los criados y los hijos de familia por no considerarse vecinos. Se abrió una nueva suscripción, encabezada por todos los miembros de la corporación, que aportaban 4 reales mensuales cada uno. No obstante, las obras no progresaban sólo con el turno de los vecinos o sus aportaciones en efectivo, de lo que muchos se resentían por tan fuerte contribución, a pesar de que todo el que de verdad podía contribuir lo hacía, como fue el caso del depositario de fondos José Francisco de la Vega, que adelantó 400 reales de su bolsillo para reanudar los trabajos.

          Se insiste a la Junta de Fortificaciones por el interés que el camino tenía para el ramo militar, pero alega que está contribuyendo a las murallas de defensa del barranco de Santos y pide se le devuelvan las herramientas prestadas para las obras del camino por serles necesarias. En consecuencia, se solicita a la Diputación poder imponer un arbitrio de 2 maravedís por libra al pescado salado, lo que en principio fue aprobado, pero que poco después se suprimió porque los vendedores habían elevado el precio en diez en lugar de dos. A la petición de la Diputación de que se sustituyera por otro impuesto, contestó el Ayuntamiento que ello no era posible por las muchas cargas municipales adquiridas, incluso con los propios regidores, que habían adelantado varias partidas.

          Por fin, los procuradores síndicos recuerdan que se tenían puestos a crédito en la Junta Gubernativa del Agua más de 13.000 reales y que, terminada ya la atarjea, podrían dedicarse al camino a La Laguna, y así se hizo. Además se logró que el impuesto sobre vinos y licores que se había autorizado para las obras de dicha conducción de aguas, fueran cedidos para el camino y también, por fin, a los tres años de formulada la primera petición, Fortificaciones contribuyó con 3.000 reales.

         Al comenzar la década de 1840 los problemas se agudizan. Por una parte, en agosto se conoce la cuota asignada a la provincia por contribución especial de guerra, que superaba los tres millones y medio de reales, a todas luces imposible de cubrir, se decía, por la extrema pobreza del país. Por otro lado, varios vecinos, especialmente los del pago del Perú, se quejaban de que el camino le había cortado el paso a sus propiedades y pedían se hiciera al menos algún portillo capaz para pasar con una manta de paja. Además, el comandante de penados informaba que era imposible continuar los trabajos si no se les pagaban los atrasos, mientras que el jefe superior político decía que era el Ayuntamiento el que debía aportar los fondos para las obras, y se pidió al intendente que alzara el embargo sobre los únicos ingresos que tenía la corporación, los derechos sobre el Haber del Peso y el de Caños y Aguada, retenidos para cubrir los atrasos de las contribuciones.

          Buscando soluciones, en 1842 se estableció el derecho de portazgo, con una tarifa para bestia mayor, incluidos dromedarios, otra por burro y la más alta para los animales de silla de cualquier clase, y se prestaron al jefe político las cadenas que se habían quitado de la plaza principal para ponerlas en los puestos de control. Se volvió a pedir a Fortificaciones, que hizo oídos sordos, ayuda para el pago a los penados.

          Por fin, en noviembre de 1843, cuando se llevan recaudados 15.000 reales del portazgo, a propuesta del jefe político se acuerda que ochenta peones trabajen gratis un día por parte de Santa Cruz, más otros cien que ofrece La Laguna, y setenta penados que hay en el depósito, y si alguno no trabaja personalmente que pague dos jornales a razón de 4 reales. Cuando en enero del siguiente año el jefe político vuelve a pedir aportación de fondos, se le contesta que el camino que corresponde a esta jurisdicción se halla construido y que lo que quedaba pendiente correspondía a La Laguna.

          Aunque siguieron las reparaciones y arreglos en los años siguientes, por fin el Ayuntamiento de Santa Cruz se veía libre de esta agobiante obligación. Las obras habían durado más de cinco lustros.

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