La Guardia Civil ocupa el Ayuntamiento (Retales de la Historia - 259)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 10 de abril de 2016).
 
 
 
          1898, año de la debacle cubana y guerra con Estados Unidos, en la que se llegó a temer una posible invasión norteamericana a las Islas. El capitán general, Mariano Montero y Cordero, recibió orden de suspensión de las garantías constitucionales, suspensión que no se levantaría hasta el 15 de febrero de 1899.
 
        Coincidiendo con esta tensa situación el gobernador civil pidió alojamiento por cuenta municipal para la Guardia Civil, “que se ha de establecer en breve en esta provincia” y la contestación inmediata fue que no era posible hacerlo por no existir presupuesto. Ahora bien, al saberse que el nuevo cuerpo se haría cargo de la vigilancia de los montes cambió el escenario y en sesión del 27 de julio se accedió a contribuir con un máximo de 2.000 pesetas, que era lo presupuestado para los guardas forestales. Se destinó para alojamiento del nuevo cuerpo una casa-cuartel alquilada que provocó continuas reclamaciones por su lamentable estado, se dice cercana a la ruina, situación que se prolongó durante varios años. Recién establecido este nuevo cuerpo tuvo que intervenir en la que posiblemente fue la primera huelga laboral en Santa Cruz, protagonizada en 1899 por los cargadores de carbón del puerto tinerfeño.
 
          Y llegamos a 1904 en que se tienen noticias de la posible supresión de la capitanía general, lo que causó en la población gran alarma y malestar. El motivo era que a raíz de la pérdida de la última colonia de las Antillas, se trataba de reorganizar las defensas de Canarias y el comandante general Enrique Bargés proyectó un ambicioso plan que no fue atendido por el Ministerio, por lo que entonces se limitó a pedir un refuerzo de la guarnición y una reorganización de las milicias provinciales, que se le prometió realizar pero que tampoco se cumplió, lo que motivó que Bargés presentara su dimisión.
 
          Ostentaba accidentalmente la alcaldía el primer teniente de alcalde Felipe Ravina de Castro quien, ante los rumores persistentes de que la nueva organización defensiva comprendía la supresión de la capitanía general, convocó el 11 de mayo sesión extraordinaria de la corporación municipal para tratar de tan delicado asunto, que atañía a una de las instituciones más emblemáticas y respetadas por el pueblo, y una de las consideradas como confirmatoria de la capitalidad, institución asentada en Santa Cruz desde hacía más de tres centurias.
 
          Al extenderse los rumores el ambiente ciudadano se cargó de cierta tensión y pacíficamente algunos se acercaron a las casas consistoriales para seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Pero los nervios cundieron más en los que debían guardar la calma y la mesura ante la situación que se vivía, para no alarmar ni soliviantar a la ciudadanía, que en el conjunto del pueblo. Pero no fue así.
 
          Era gobernador civil de la provincia Joaquín Santos Ecay, que volvería a serlo en 1907 y 1918, el cual debió pensar que el descontento que se había generalizado podía manifestarse de manera no apropiada, al menos para él, y decidió intervenir sin que nadie se lo pidiera, y no se le ocurrió otra medida que enviar al Ayuntamiento un piquete de la Guardia Civil, sin duda con la intención de prevenir sucesos que en ningún momento se produjeron. El descontento aumentó con la presencia de la fuerza armada, más aún cuando el alcalde pidió que se retirara de la sala y no fue obedecido.
 
          La sesión comenzó tratando otros asuntos para desviar la atención del tema principal, tal como las condiciones para la subasta de los arbitrios sobre carros y carruajes que entraran en la población sin estar matriculados en ella. Pero la presencia de la Guardia Civil resultaba insólita, y el alcalde volvió a pedir sin éxito que se retirara, por lo que se repitió la petición a la misma autoridad civil, también sin resultado.
 
          El concejal Acuña Trujillo hizo uso de la palabra para manifestar que insistía en la protesta, y se acordó por indicación del Sr. Schwartz significar a dicha autoridad civil que “el Ayuntamiento ha visto con sentimiento que al reunirse en este día con el motivo indicado se enviara al Palacio municipal Fuerzas de la Guardia Civil.” En la sesión siguiente del día 18 fue Pedro Schwartz el que lamentó la práctica ocupación de la sala por la Guardia Civil, ya que "no obedeció a la máxima autoridad municipal cuando esta le pidió que se retirara de la sala de sesiones."
 
          El gobernador civil, ante las reiteradas protestas municipales, manifestó que había enviado la guardia "por si era necesaria su presencia", a lo que se contestó que al ser evidente que no estaba a disposición del alcalde, al que no obedeció, su presencia significó coacción para los miembros de la corporación. Al gobernador no se le ocurrió otro argumento que decir que todo debió ser consecuencia de un mal entendido del cabo que mandaba el piquete.
 
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