De cabras y montes (Retales de la Historia - 243)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 20 de diciembre de 2015).
 
 
         
            Al empezar el siglo XIX los daños que se habían causado en los montes públicos de la jurisdicción de Santa Cruz ya eran en buena parte irreversibles. Los cortes de maderas, el carboneo clandestino y la saca y contrabando de leña principalmente para las islas orientales, las rozas sin control para ganar tierras de cultivo, habían mermado las zonas montuosas de arbolado hasta límites inconcebibles, y como consecuencia disminuía el caudal en los nacientes que aportaban las aguas para el abasto público. Pero no se trataba sólo de la acción inmediata del hombre, sino también de otras actividades de las que era responsable, aunque no directamente, tales como la cría y suelta de ganado en los montes. En 1811 se dicta un bando prohibiéndolo en zonas próximas a las atarjeas y se promete gratificar al "guardamontes menor y al cañero" por su vigilancia. Pero una cosa eran los buenos deseos y otra muy distinta los medios de que se disponía para hacer cumplir lo mandado.
 
            En 1815 Francisco de Castilla comunica al alcalde de Santa Cruz José Crosa que ha sido nombrado por el Cabildo "Guarda Mayor de los montes, aguas y predios vedados". Crosa, celoso de su jurisdicción y para que no hubiese duda de que el nombramiento no afectaba a la Villa exenta, le contesta que “venera el nombramiento que ha hecho en Vm. el I. Ayuntamiento de esa Ciudad”, y añade que “se lisonjea de que si ocurre caso de acusar delincuentes con la competente justificación, encontrará rectitud en mis procedimientos.”
 
          En los años siguientes se continúa dictando normas e instrucciones para la preservación de los montes y de zonas agrícolas no necesariamente forestales, como cuando en 1819 se denuncian los daños que el ganado cabrío hace en las huertas del pueblo, y a los pedreros y borriqueros que robaban las piedras de las paredes. Para esto último no sabemos qué solución se arbitró, mientras que para lo primero se volvió a prohibir que los hatos de cabras pastasen en el término municipal. Esta determinación dio lugar a sonadas protestas, especialmente de los habitantes del Valle de San Andrés, que pidieron una prórroga, que no se les concedió, por lo perjudicial que era la medida para los vecinos.
 
          Pero como ya se sabe que la cabra siempre tira al monte, todos los bandos que se publicaban resultaban ineficaces. En 1820 se prohibieron los hatos de cabras "en calles, campos, cañadas, caminos y abrevaderos", y no se permitían "más de tres llevadas en reata para usos domésticos". Se admitía que pastasen "en terrenos propios para ello, previo conocimiento de sus dueños y del guarda mayor de montes Antonio Cifra". Pero los daños en los montes continuaban, especialmente porque los brotes y esquejes tiernos constituían un delicioso manjar para el ganado, lo que llevó a la Diputación Provincial a idear un programa que en teoría pretendía permitir la recuperación del arbolado. Consistía en dividir los montes de la jurisdicción en tres zonas, de forma que sólo en un tercio se permitiría la entrada de cabras durante cuatro años, prohibiéndolo en los otros dos tercios, que irían rotando cada cuatro años. De esta forma se daba por hecho que el arbolado tendría tiempo de recuperarse.
 
          Todo parece indicar que el consumo de leche y carne de cabra era primordial para la población, y así debía ser especialmente en el ámbito doméstico, pues hasta no hace demasiados años, hasta mediados del pasado siglo, era frecuente la cría de cabras en las azoteas y patios de casas terreras y ciudadelas. Sin embargo, no destacaba el consumo de esta carne de forma especial, comparándolo con el de otras especies ganaderas. Así se deduce de la estadística que en 1822 presentó el secretario municipal Félix Álvarez de la Fuente según la cual, para una población de unas 7.000 almas, se consumían anualmente en Santa Cruz 300 vacas, 150 terneros, 1.000 carneros, 950 castrados, 400 machos, 500 ovejas, 180 cerdos y 300 cabras. Pero no hay que perder de vista que gran parte de este ganado abastecía las gambuzas de los buques de paso, que no eran pocos.
 
          Pasan los años y los bandos prohibiendo la cría de cabras en hatos sueltos se repiten una y otra vez hasta 1826. El año siguiente el ayuntamiento se ve libre de estas obligaciones, sin que ello le hiciera especialmente feliz, al pasar todo lo relacionado con montes y bosques a la autoridad de Marina. Se obedece la Real Orden, aunque se eleva protesta a la superioridad, pero no se entregan archivos y documentos por estimarse que son propiedad municipal. En 1828 son numerosos los vecinos de El Bufadero, San Andrés y otros valles que protestan por la prohibición de que sus cabras pasten libremente. Pero si no entraban por los valles lo hacían por sus cabeceras, como lo evidencia una denuncia al guardamontes de La Laguna Bartolomé García por permitir entrar cabras al Monte Aguirre desde Las Mercedes, con grandes daños en el arbolado.
 
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