Curioso contrabando (Retales de la Historia - 237)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 8 de noviembre de 2015).
 
 
 
          En ocasiones anteriores se ha tratado en estos Retales de la conservación y fomento de los montes, que además de favorecer el alumbramiento de las aguas eran en tiempos pasados fuente de algo primordial para la vida, la madera, imprescindible para edificar, amueblar, cocinar, calentar, alumbrar, bien en su estado natural o transformada en carbón. Tal era la importancia de esta primera materia  que en julio de 1804 se recibió en el Ayuntamiento de Santa Cruz una provisión de la Real Audiencia por la que se declaraba que “la conservación, aumento y prosperidad de los montes pertenecen al fuero militar de la Comandancia de Marina.” Evidentemente, también la madera era imprescindible en la construcción naval. Sin embargo, nueve años después el corregidor de La Laguna José Mª Valdivia informaba que la Real Audiencia le había conferido todo lo relacionado con montes y pedía se le trasladaran las causas abiertas en el ramo.
 
          Y seguro que no serían pocas, pues los daños en los montes eran continuos y de muy difícil erradicación. Se prohibía el corte indiscriminado de madera y el carboneo clandestino, así como la introducción de ganado suelto, pero todo era en vano. En 1811 se nombró un “guarda celador de Montes y Arbolados”, que poco podía hacer, y que llevó al alcalde Matías del Castillo a autorizarle para que pudiera “prender leñadores, carboneros, taladores y coja y mate cabras y cerdos y traiga bestias y herramientas, y se le gratificará”. Pero una cosa era la autorización teórica y otra muy distinta los medios de que podía valerse para cumplir el mandato. 
 
         Al poco tiempo se recibió desde La Laguna un oficio informando que se había nombrado “Guarda Mayor de los montes, aguas y predios vedados”. La contestación del alcalde Josef Crosa al ayuntamiento de La Laguna fue bien explícita y contundente en defensa de los derechos de la Villa, al decir que “incidiría en error… si concediese autoridad de Jurisdicción y auxiliase con la que exerzo a quien carece de ella…”. La disputa se prolongó en el tiempo, pero erradicar los abusos no era fácil cuando los propios lugareños aprobaban los hechos. En 1815 el “gobernador de las armas y castellano del fuerte y pueblo de San Andrés” solicitaba que no se impidiera que los barcos fueran a aquellas playas en busca de leña como lo han hecho desde antiguo, “pues este aprovechamiento es parte fundamental para el sostenimiento de los vecinos”. No obstante prometía vigilar que no se sobrepasase lo permitido y que no se embarcase “de noche desde las oraciones hasta la descubierta”, para evitar el contrabando.
 
         Los daños se extendían como mancha de aceite por otros lugares en los que la quema, tala y roza para sacar leña la sufrían los montes de Taganana o los del Valle del Bufadero, y cuando la vigilancia se extremaba era normal recurrir a sitios más alejados. En 1816 se tuvo noticia de que un barco surto en el puerto llevaba sin licencia carga de tea para alumbrado sacada de los montes de Arico, por el procedimiento de “picar” los árboles favoreciendo que los derribe el viento, y el alcalde Juan de Matos pidió licencia al general Rodríguez de la Buria para acceder al muelle y decomisar la carga.
 
        Mientras, el alcalde pedáneo de San Andrés pedía licencia para que “algunos patrones de lanchas” pudieran extraer maderas del monte, y el alcalde Juan de Matos decía que había visitado aquel valle en unión del escribano público Bernardino Tapia, comprobando que el padre del alcalde peticionario era uno de los mayores infractores y que la playa estaba llena de leña preparada para embarcar. Se acordó que sólo se sacase madera con licencia y con un módico canon para ir haciendo un fondo que permitiera nombrar guardamontes y conservadores del arbolado. Se amenazó con multas a los infractores, pero estos alegaban que la saca de leña “es práctica de muchos años” y el ayuntamiento se veía obligado a suspender las sanciones. 
 
        En 1818 es el propio comisionado regio el que insiste en que se den licencias y el alcalde José Sansón tiene que explicarle que la mayor parte de los peticionarios eran  negociantes infractores que hacían gran acopio de leña en las playas para su embarque. Además, había que tener en cuenta los embarques legales. Sólo en los cuatro primeros meses de 1820 se habían concedido 28 licencias.
 
          El jefe superior político, Ángel José de Soverón, intervino a petición del alcalde para prohibir todo corte y embarque de leña, cuyo destino era principalmente las islas orientales, “que dejarán  pronto sin un árbol aquellos montes” de San Andrés. En enero de 1821 dos goletas habían cargado 697 arrumas de leña con destino a Lanzarote, y Soverón, que unía a la jefatura política la presidencia de la Diputación Provincial, prohibió absolutamente en los montes “todo corte de latas, horquetas o vergas de pimpollos de pino.”
 
          Todo en vano. Todavía en Santa Cruz hay un barranco conocido como barranco de La Leña, por el que se arrastraban troncos y leña hasta la playa del Varadero, o de Almeida, para su embarque.
 
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