Santa Cruz liberal (1) (Retales de la Historia - 109)

Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 19 de mayo de 2013).

  

          En agosto de 1812, era alcalde Domingo Madan, cuando se recibió la noticia de la proclamación de la Constitución de Cádiz. El Ayuntamiento de Santa Cruz se apresuró a felicitar a S. M. el Rey y a celebrar tan fausto acontecimiento con toda solemnidad, prestando el preceptivo juramento en la parroquia matriz todas las autoridades civiles y militares. Parecía que con esta máxima norma todo iba a ser felicidad y bienestar, pero aparte de la inevitable renovación de cargos públicos y poco  más, no era lo menos importante la instalación de una Diputación Provincial, hasta entonces inexistente, y la llegada de un primer gobernador civil, llamado jefe político, Ángel José de Soverón, con la inevitable consecuencia de que Santa Cruz, que hasta entonces sólo se las tenía que entender con el comandante general y el antiguo Cabildo de la Isla, ahora tenía que vérselas también con un gobernador y con el nuevo organismo de ámbito provincial.

          Poco duró la nueva situación, apenas año y medio, pues el 17 de junio de 1814 el comandante general Rodríguez de la Buria comunicaba al Ayuntamiento el R. D. fechado en Valencia el 4 de mayo anterior, por el que se suprimía la Constitución y quedaban sin efecto todos los empleos dados por la Regencia y las Cortes.

          Transcurrieron casi seis años de absolutismo en los que los acontecimientos de la Península llegaban aquí tarde, difusos y sus ecos amortiguados por la lejanía. Tal es así que del pronunciamiento del general Riego en Cabezas de San Juan el primero de enero de 1820 comenzaron a llegar aquí las primeras noticias en marzo siguiente. No fue hasta el 30 de abril, con la llegada del bergantín correo Ligero, cuando se tuvo confirmación de que se había vuelto a proclamar la Constitución de 1812 y que el Rey la había jurado. Festejos, repique de campanas, luminarias, y se procede a publicar el código constitucional en la plaza de la Pila, frente a las casas consistoriales. Tres días después, coincidiendo con la festividad de la Santa Cruz, todas las autoridades vuelven a prestar juramento de fidelidad a la máxima norma en la iglesia matriz y en la auxiliar del Pilar. El día siguiente se convocaron elecciones para la formación del nuevo Ayuntamiento Constitucional y volvió a ser elegido el mismo alcalde Patricio Anran de Prado, que lo era desde el año anterior. Así era entonces la política.

          Los festejos se prolongaron varias jornadas y se acordó colocar el día 14 en la plaza principal “una lápida de mármol con letras de oro” con el nombre de la Constitución y librar 1.500 reales para gastos de la celebración. Si no era suficiente, los miembros de la corporación pagarían lo que faltase por prorrateo. Entusiasmo patrio no faltaba, al menos en teoría, puesto que cuando el año siguiente se presentó la cuenta de iluminación de las casas consistoriales y demás gastos, que superaba los 81 pesos, se acordó que debía prorratearse entre los regidores que lo eran entonces.

          Como los vericuetos tendenciosos de la política no han cambiado a lo largo del tiempo, el Ayuntamiento recibió una petición del jefe político para que se le informase reservadamente de “los sujetos que hayan dado pruebas de su patriotismo y decidido amor a la Constitución”, señalando también “aquellos que merezcan contraria opinión”. Ante la gravedad de lo solicitado se acordó aplazar la contestación para otra sesión. Transcurrió más de medio año, durante el cual la jefatura política recordaba una y otra vez los datos solicitados y el Ayuntamiento esgrimía una serie de disculpas, tales como exceso de trabajo en la secretaría, no haber recibido copia de la R. O. correspondiente o no recordar exactamente qué empleados públicos estaban entonces.

          Lo mismo, pero al contrario, ocurrió cuando en 1823 se restableció el absolutismo y el general Uriarte pidió los papeles de todas las sociedades secretas formadas en la época constitucional. Se comisionó al regidor Enrique Casalon para que los buscara, pasaron los meses y, ante los continuos requerimientos de la superioridad, declaró que a pesar de sus esfuerzos la búsqueda había resultado infructuosa y “no encontró nada”. Pero no paró así la cosa, puesto que todavía en 1826 se recibió una R. O. reservada por la que se pedían las actas municipales de 1820 a 1823. La comisión encargada de ello comunicó al alcalde “que así que cayó el sistema llamado constitucional se abandonó con desprecio los papeles que trataban de aquellos asuntos, en tal manera que no se halla uno solo de ellos en esta alcaldía”. Todavía años más tarde se pedían informes políticos sobre los empleados municipales y el alcalde contestó que “todos son honrados y cumplen con su deber”.

           Por encima de las ideas políticas, siempre cambiantes, de alcalde, concejales y empleados públicos, se trataba de evitar la bajeza de delatar a sus conciudadanos.,

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