De la astilla de tea a la luz eléctrica (2) (Retales de la Historia - 156)
Por Luis Cola Benítez (Publicado en La Opinión el 13 de abril de 2014).
La implantación del arbitrio para el alumbrado público se retrasó por no disponerse de un censo fiable de propietarios, hasta que en 1837, por fin, se formó una comisión integrada por los regidores Juan Cope y Francisco Roca y los vecinos José Calzadilla y Antonio Cifra.
Este mismo año la corporación recibió una consulta formulada a través de la Diputación Provincial sobre la conveniencia o no de instalar un fanal luminoso en lo más alto del lado Norte de la Isla, y los ediles, sorprendidos y sin saber qué contestar, aplazaron la respuesta a la siguiente sesión, en la que concluyeron “que ninguno de los individuos del cuerpo tiene conocimientos suficientes sobre las ventajas o desventajas” del proyecto ni sobre el lugar más apropiado para su instalación.
Pero la mayor parte del pueblo seguía a oscuras y el alcalde ordenó que los vecinos pusieran faroles en los lugares en que había alcantarillas en evitación de accidentes, mientras que, lentamente, se iban instalando algunos puntos de luz en las principales calles. En consecuencia, la comisión encargada del alumbrado de la plaza y calle de San Francisco reclamó al Ayuntamiento, como a un vecino más, la parte que le correspondía, unos 160 reales Ante la inexistencia de fondos municipales a los concejales no les quedó más remedio que pagar de su bolsillo.
En 1839 Bartolomé Cifra presentó un farol de reverbero de los que se usaban en Cádiz y se acordó adquirir el mismo modelo para la plaza de la Constitución, cuya instalación costó 1.723 reales que se libraron del producto el agua de regadío. Poco después, en 1841, ante los problemas que daba el mantenimiento, por primera vez se decide sacar a subasta el servicio de alumbrado de la Alameda y Plaza principal. Los faroles del anterior sistema que se retiraron fueron aprovechados para iluminar otros sectores de la población tales como La Noria, y algunas esquinas de las calles del Castillo, Cruz Verde y Candelaria. Pronto surgieron inconvenientes al negarse varios vecinos a pagar la cuota asignada y alegar el alcalde del agua Miguel de Cámara, al que se había encomendado la distribución del aceite para los faroles, que ya estaba sobrecargado de trabajo con la alcaldía del agua. En 1842, el plan de alumbrado quedó paralizado.
El entonces alcalde Bernardo Forstall no se desanimó y el siguiente año presentó un ambicioso plan dirigido a iluminar gran parte del pueblo, que abarcaba las calles de La Marina, Caleta, Candelaria, Cruz Verde, Norte, San Felipe Neri, San José, Castillo, Noria, Santo Domingo y su Calzada, Plaza de la Iglesia, La Luz, San Francisco y San Roque, para lo que serían necesarios 44 faroles nuevos con sus pescantes y componer los que ya estaban instalados, para todo lo cual se calculaba un costo de 5.000 reales. Para cubrirlo se pensaba imponer por una vez 12 reales a las casas altas y 6 a las terreras. Además, para el servicio y mantenimiento serían necesarios cuatro hombres que velaran “las veinte noches de oscuro” por 1.020 reales al mes, lo que podría obtenerse de aplicar mensualmente medio tostón a las casas altas y una fisca a las terreras. Entretanto, los concejales encargados de cada distrito adelantaban el importe del alumbrado, que pasaban al cobro mensualmente al ayuntamiento. Como orientación digamos que el gasto de la plaza de la Constitución rebasaba los 200 reales mensuales, que adelantaba el regidor encargado José García Ramos.
En 1845, bajo la alcaldía de Lorenzo Tolosa, ante las dificultades de cobro de la tasa que muchos vecinos se resistían a pagar, se empezó a aplicar un impuesto de cuatro maravedíes sobre la libra de carne para ayudar al pago de los serenos y del déficit que siempre presentaban las cuentas del alumbrado. El problema surgió cuando hubo necesidad de hacer obras en la carnicería y se cayó en la cuenta de que ya el arbitrio sobre la carne tenía otro destino. La solución consistió en suprimir el cuerpo de serenos. Sin embargo, en algún momento las cuentas debieron estar saneadas, puesto que la numeración de las casas de la calle de La Luz -Imeldo Serís- se sufragó con fondos del alumbrado.
En 1847 se decidió sacar a subasta el servicio, que fue rematado por Antonio Calzadilla y Quevedo por 15.902 reales al año, siendo el material por cuenta municipal, pero a los pocos meses nada se le había entregado y el arrendatario amenazó con abandonar el servicio si no se le pagaba lo que se le debía. Por si fuera poco Juan Tugores reclamaba también el aceite suministrado para los faroles. Además, no eran pocos los propietarios que seguían negándose a pagar la cuota que les correspondía.
Era evidente que este primer arrendamiento del servicio había constituido un fracaso, por lo que los años siguientes el Ayuntamiento optó por encargarse del mismo.
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