¿Quién manda en la Pescadería? (Retales de la Historia - 246)
Por Luis Cola Benítez (Publicado en La Opinión el 10 de enero de 2016).
La venta del pescado fresco en Santa Cruz constituyó un polémico asunto, germen de problemas durante muchos años. Desde el principio, como en todo puerto de mar, los pescadores vendían el producto de su trabajo cuando regresaban a tierra en la misma playa o desembarcadero al que arribaban, y el que así no se vendía lo ofrecían sus mujeres por las calles del pueblo bajo ciertas condiciones. Pronto comenzaron a hacerlo también las mujeres de los artilleros amparadas por el especial fuero de sus maridos, y nada se tardó en que aparecieran los intermediarios que compraban en las barcas para vender a domicilio con una lógica ganancia.
Así se encarecía la mercancía sin que la autoridad competente, que no se sabía a ciencia cierta quién era, pudiera ejercer el debido control al no estar centralizada la venta. En 1796 los regidores, al carecerse de pescadería, “tuvieron por conveniente señalar por tal Pescaderías Públcª el parage que llaman Boquete del Muelle donde hasta ahora se ha acostumbrado vender”. Se dijo que el pescado que se introdujera en el pueblo “estará sujeto a la postura que se fije y sólo será libre el precio para el que se venda en las barcas o en la misma playa.” Esta norma, que parecía de tan fácil aplicación, presentaba el problema de que se consideraba muelle “del rastrillo afuera”, debiéndose aplicar y respetar el precio de las posturas del rastrillo hacia dentro, pero al muelle no alcanzaba la jurisdicción municipal por quedar bajo la militar de Marina.
Cuando en 1815 se construyó la primera recova junto a la desembocadura del barranquillo del Aceite, a sus espaldas y hacia la muralla defensiva de la playa, se hizo un pequeño local para pescadería. El lugar era tan incómodo y extraviado que con el apoyo del comandante general Rodríguez de la Buria se volvió a vender el pescado en el rastrillo del muelle, con la consiguiente protesta del ayuntamiento que volvía a perder el control de pesos y precios, lo que mermaba la jurisdicción del alcalde real.
La construcción del local de la pescadería junto a la muralla estaba paralizada y se habían metido allí gentes a vivir por lo que años más tarde se cerró el acceso con obra de cantería que costó más de 35 pesos. En los años 30 hay constancia de que se consideraba irregular que la pescadería no estuviese en zona municipal sino en la marítima, lo que dio lugar a elevar una exposición a S. M. Veinticinco años después se oficiaba al comandante de Marina que a pesar de estar la pescadería en el muelle los concejales podían intervenir en todo lo concerniente a alimentación y policía pública, y se volvía a representar a S. M. la protesta del ayuntamiento. Por fin, en 1856 pareció que llegaba la solución cuando el gobernador civil comunicó al alcalde, José Luis de Miranda, una R. O. de 26 de febrero por la que se reconocía a los regidores el derecho a intervenir en la pescadería, pero inexplicablemente antes de finalizar el año otra R. O. de 15 de noviembre negaba dicho derecho. Nadie entendía nada.
Mientras lo anterior se discutía, un llamado “gremio de mareantes” había reunido recursos y construido un local en el muelle para la venta del pescado. El ayuntamiento no tenía influencia ni acceso a dicho establecimiento, hasta que la Junta Superior de Gobierno de 1868, siendo alcalde Bernabé Rodríguez, dispuso que la corporación debía incautarse del mismo. Pero surgió otro problema. El gremio de matriculados de mar ya no existía, y el edificio no era de titularidad pública ni se sabía quién era su propietario. Se pidió informe al ingeniero de Obras Públicas, que comunicó que no se disponía de expediente alguno sobre la pescadería, ni en la comandancia de Marina se sabía de su propietario, ni cómo y a quién se cobraban los impuestos o normas higiénicas que se aplicaban. La Administración de Hacienda sólo decía que el informe de la Comandancia de Marina no justificaba que la pescadería fuera de los pescadores sino del Estado y se proponía su incautación y posterior venta. En 1890 se pidió a la Comandancia que justificara documentalmente su pretendido derecho sobre el establecimiento.
Parece increíble pero se llega al siglo XX sin haber hallado solución al “enigma”. En 1907 se recurre al Registro de la Propiedad recabando datos sobre la titularidad de la pescadería, con resultado negativo. Un año después, con el mismo resultado, se pidió al comandante del Apostadero de Cádiz información por si en algún momento existió orden de entrega de la pescadería al ayuntamiento, y sólo se confirmó que el gremio de mareantes al que se debía la instalación ya no existía, sin conocerse la fecha de disolución. En 1919 la Junta de Obras del Puerto pidió que se le suministrara gratis el agua al local, pero se contestó que se trataba de un edificio de propiedad particular que arrendaba los puestos a los vendedores a los que se cobraba el servicio.
En 1920 se desalojó la instalación por inminente derrumbe del techo y se trasladó la pescadería al tinglado de hierro frente a la recova y el teatro, lo que promovió un amplio debate.
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