El alcalde encarcelado (Retales de la Historia - 240)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 29 de noviembre de 2015).
 
 
 
          José Guezala Bignoni (1773-1837), regidor en la primera corporación municipal de la Villa en 1804, alcalde elegido en 1806 y accidental en los años 17, 31, 32 y 33 del siglo XIX. Siempre vinculado a su ayuntamiento, desempeñó el cargo de alférez mayor y alcanzó el grado de coronel de las Milicias Canarias por Real Título de 1832.
 
          En 1817 fue designado alcalde Real el capitán de Infantería Francisco Javier Fernández, próximo al comandante general Rodríguez de la Buria, nombramiento que resultó protestado, especialmente por José Guezala, no obstante lo cual Fernández juró el cargo que ejercería apenas un mes al ser suspendido por la Real Audiencia. Una de las razones de la oposición de Guezala era no ser Fernández vecino de Santa Cruz. Sin embargo, en el padrón de 1818 figura soltero, de 42 años, ocupando una casa  propiedad de Andrés Oliver, en la calle del Pilar número 1. En el poco tiempo que ejerció recibió la renuncia como regidor de un elemento tan valioso para la comunidad como lo era Matías del Castillo Iriarte, que alegó impedimento físico, aunque volvería poco después.
 
          Mientras se debatía la nulidad del nombramiento de Francisco Javier Fernández, el 6 de febrero se recibió una provisión de la Real Audiencia ordenando depositar la vara de la Justicia en Miguel Soto, que se citaba como “Regente de la Real Jurisdicción” y que inmediatamente pidió ser exonerado del cargo, lo que le sería concedido en mayo, hasta el punto de que su nombre no figura en los libros de actas. El Ayuntamiento elevó la correspondiente protesta, “considerando que se hayan defraudados los derechos de los concejales y del mismo Cuerpo… al haber hecho secuestrar la jurisdicción en un vecino particular que al mismo tiempo fue comisario elector”, mientras se estimaba preferible que recayera en la persona del “Regidor Decano, para que en caso de impedimento sigan administrando la justicia los demás por su orden”
 
          A Soto le correspondió en marzo ordenar “júbilo y luminarias tres noches por el preñado de la reina y cumplimentar al comte. gral. como representante de S.M.”, al tiempo de que tuvo que tratar de resolver la deuda de un año de alquiler de la casa consistorial, en la parte alta de la plaza de la Pila, dando frente a la Cruz de Montañés. Se debían unos 240 pesos corrientes, que se acordó librar del haber del peso, derechos de aferimiento y  licencias de comercios y de corzas.
 
          En mayo, cuando la Real Audiencia aceptó la petición de Miguel Soto de ser eximido del cargo, se encargó “el secuestro de la Vara al señor Regidor Decano”, que lo era Enrique Casalón, pero que no pudo concurrir por enfermedad. Ante la situación planteada, se decidió pasar la vara de alcalde a José Guezala por ser el regidor más antiguo. En el acta de la sesión del 13 de mayo de este año 1817 se cita a Guezala como “regidor y alférez mayor y regente de la Rl. Jurisdicción Ordª”.
 
         En junio falleció el teniente coronel de Artillería Antonio Primo de Rivera y el comandante general invitó al alcalde al cortejo fúnebre el día 13. Ocupó el primer lugar, como era preceptivo, el comandante general La Buria, con el mariscal de campo y 2º cabo O’Reilly a su derecha y un coronel a su izquierda. Por ausencia del alcalde, José Guezala ejercía como accidental y regente de la Real Jurisdicción, y se había presentado con vara y alguacil,  y protestó alegando que el alcalde ocupaba siempre el primer lugar después de la máxima autoridad del comandante general. El mariscal O’Reilly le contestó de forma áspera y desairada, sugiriendo Guezala que se consultara con el auditor que se encontraba presente, a lo que no accedió el mariscal, por lo que Guezala pidió que se levantara acta de lo ocurrido. Al considerar O’Reilly el incidente protocolario como una insubordinación a su autoridad, ordenó detener a Guezala a quien mandó poner preso por aquella noche en el castillo de San Cristóbal.
 
          El día 16, en junta celebrada a petición del síndico personero José Víctor Domínguez, se dice “que es bien notorio el desaire y atropellamiento que con escándalo público recibió la Rl. Jurisdicción ordinaria de esta Villa la tarde del día trece del corriente en que la ejercía el Sor. Regidor y Alférez Mayor Don Josef Guezala en el acto de la procesión fúnebre”, lo que el ayuntamiento consideraba como una ofensa y humillación. Alguno pensó que el comandante general estaba detrás de lo ocurrido, por pensar que así vengaba la ofensa que indirectamente le hacían al invalidar el concejo el nombramiento de alcalde de su favorecido Francisco Javier Fernández.
 
          Por su parte el Ayuntamiento, a la vez que pedía auto de prisión contra la persona “que está acreditado haber cometido tal ofensa, se congratulaba de la actitud de Guezala por el honor y decoro con que mantuvo la preeminencia en el acompañamiento al entierro en calidad de Alcalde Rl. “
 
          Posteriormente una real orden aprobaría la conducta del alcalde y desaprobaba la del general.
 
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