Impacto y consecuencias en Canarias de las guerras del primer tercio del siglo XIX en España y en América

 

IMPACTO  Y  CONSECUENCIAS  EN  CANARIAS  DE  LAS  GUERRAS  DEL  PRIMER  TERCIO  DEL  SIGLO  XIX  EN  ESPAÑA  Y  EN  AMÉRICA

  

Presentación efectuada por nuestros contertulios Pedro Bonoso González Pérez y Emilio Abad Ripoll en las  XII  JORNADAS DE HISTORIA MILITAR organizadas por la Cátedra General Castaños (Mando de la Fuerza Terrestre, Sevilla). (8 -12 de noviembre de 2004).

 

Generalidades

          Las XII  Jornadas Nacionales de Historia Militar que, bajo el título genérico de “Las Guerras en el primer tercio del Siglo XIX en España y América”, organiza la Cátedra General Castaños han animado a los responsables de la Cátedra General Gutiérrez (Mando de Canarias-Universidad de La Laguna) a presentar una comunicación acerca del impacto en Canarias de las guerras del  primer tercio del siglo XIX en España y en América. Fueron precisamente estos conflictos los que evidenciaron, una vez más, la internacionalización de los problemas del Archipiélago, la vulnerabilidad de su economía, su importancia singular dentro de las rivalidades de las potencias europeas al desplazar a España como potencia de primer orden y el papel de las Islas durante y tras la emancipación de las colonias americanas. Todo ello, junto a la participación en el escenario bélico de tropas procedentes de Canarias generaron aspectos, consecuencias y significaciones lo suficientemente atractivas  para su estudio.

           Por lo que de significativo tuvo para el Archipiélago nos centraremos en el análisis del impacto que la Guerra de la Independencia y la emancipación americana tuvieron en Canarias, así como en las consecuencias derivadas de ambos acontecimientos.

           En el ámbito internacional la hegemonía francesa impuesta a Europa por Napoleón, el predominio marítimo y colonial que paralelamente detenta Inglaterra, así como el prolongado clima de enfrentamiento entre ambos países, generarían una prolongada interrupción de las relaciones e intercambios que, de forma normal, habían venido desarrollando las monarquías europeas con sus respectivos imperios coloniales. Ante este contexto, las dos potencias coloniales peninsulares, Portugal y particularmente España, se van a ver afectadas. Por lo tanto los procesos bélicos en los que estuvo inmersa España durante el primer tercio del siglo XIX, al menos desde la perspectiva europea, no constituyeron hechos nacionales aislados y ceñidos únicamente al ámbito peninsular y/o ultramarino.

           Dentro de ese clima de rivalidad internacional Napoleón se propuso de forma objetiva ocupar Portugal para lograr una mayor efectividad en el bloqueo continental a Inglaterra. En este proyecto, como razón de fondo, subyacía una razón política subjetiva como era la de eliminar a los Borbones supervivientes en el trono de España, para así evitar que su proyección pudiera cuestionar la legitimidad de la “Cuarta dinastía” napoleónica en Francia.

          Una  vez obtenida la adhesión y colaboración de España para culminar la empresa portuguesa, en virtud del Tratado de  Fontainebleau, se van a ir sucediendo dos hechos de forma simultánea: la ocupación militar encubierta de lugares significativos, caso de las ciudadelas de Figueras, Montjuich y Pamplona,  y la crisis política interna de la Corte española. Ésta se iniciaba con el motín de Aranjuez, culminaba con las  abdicaciones de Bayona y traería como consecuencia la introducción de la dinastía Bonaparte en el trono de España.

           Mientras tanto en nuestro país se percibía un creciente malestar ante la presencia de un ejército extranjero, así como una gran inquietud por la suerte que podía correr el Monarca en Bayona y por los preparativos de la salida de España del resto de la familia real. La interacción de todos ellos llevaron al pueblo madrileño a levantarse contra los franceses, hecho que  simboliza el mítico comienzo de la guerra de la Independencia.

           La actitud de los madrileños fue la señal para una insurrección general, al menos en aquellos lugares que no se hallaban militarmente ocupados por tropas francesas. El levantamiento se extendió rápidamente hasta Asturias continuando por Cartagena, Murcia, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, hasta  generalizarse a principios de junio. Con esta actitud los sublevados querían dejar patente la no aceptación de las renuncias de Bayona y el deseo de expulsión de las tropas francesas de España. Por todas partes van surgir Juntas, bien de carácter local o provincial,  que dinamizan, encauzan y  coordinan la sublevación, alientan  a la resistencia y pretenden reasumir la soberanía ante la parálisis de las instituciones. Este hecho constituyó la expresión de una situación revolucionaria, puesto que “en cada una de las regiones que conformaban el país surge un poder completamente independiente y autónomo, produciéndose de este modo la sustitución de la legitimidad monárquica por otra de origen popular” (Nota 1). Así las cosas, las Juntas Provinciales “fueron el recurso de urgencia en que concurría la doble legitimación: la de sentirse herederas de la autoridad antigua y la de estar respaldadas por la aclamación popular” (2).

  

La singularidad canaria

           El Archipiélago Canario, situado cerca del borde noroeste del continente africano, lo componían, y lo componen en la actualidad, siete islas -Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria,  Fuerteventura  y Lanzarote- , cuatro islotes -La Graciosa, Alegranza, Lobos y Montaña Clara- y seis roques -Roque del Este, Roque del Oeste, Anaga I y Anaga II, el de Garachico y el de Salmor. Ocupan en el sector noroeste del Atlántico central una banda de 1.000 kilómetros cuadrados, cuyos puntos extremos son: por el norte, la Punta de los Mosegos, en el islote de Alegranza; por el sur, la Punta de la Restinga, en la isla de El Hierro; la Punta de la Orchilla, en la misma isla, por el oeste, y el Roque del Este, por este mismo punto cardinal.

          Esta localización es la que confiere a las Islas un clima específico, resultado de la interacción de un conjunto de factores que “actúan a distinta escala: la dinámica atmosférica propia de las latitudes subtropicales y la influencia que proporciona el hecho de ser, en general, islas con relieve abrupto, bañadas por una corriente oceánica fría y próxima a un continente” (3). Su régimen pluviométrico viene dado en función del relieve y  de la orientación, generando importantes contrastes, no sólo entre las islas, sino en el interior de las mismas. Este fenómeno ha servido de condicionante en el devenir histórico del Archipiélago.

          A la hora de realizar un análisis sobre la evolución de los parámetros más significativos de la historia isleña durante el primer tercio del siglo XIX, como la población, la producción, las actividades comerciales y la renta agraria, percibimos la aparición de rasgos específicos que requieren un análisis, sobre todo si tenemos presente que será la conjunción de esos parámetros los que influirán de manera determinante en la articulación de los distintos factores estructurales, económicos, sociales, institucionales e individuales. Todos se manifestaron de diversa manera y en intensidad desigual  ante los cambios políticos ocurridos en nuestro país.

           En Canarias, durante el periodo que abarca nuestro estudio, no podían averiguarse con exactitud los términos medios, porque no únicamente el cultivo sino también la forma de ser y hasta las costumbres variaban no sólo de isla a isla, sino de pueblo a pueblo. De igual modo los comportamientos políticos. Todo era pequeño, todo era diferente, todo era vario. El Archipiélago presentaba menos generalidades que cualquier otra provincia española, y en ello radicaban las dificultades y derivaban muchos de sus males, dado el desconocimiento que de las Islas tenían el Gobierno central y las autoridades delegadas, ignorantes del estado verdadero de la provincia, de sus necesidades y de cuáles podían ser sus soluciones (4).

           En un marco nacional caracterizado durante esta época por los cambios políticos y la puesta en práctica de medidas de ajuste y reformas, a las Islas Canarias, como realidad geográfica fraccionada y alejada de los grandes centros de decisión, les tocó estar ligada políticamente al devenir histórico peninsular. Aún así presentó matices propios caracterizados por la excesiva dependencia económica del exterior, en este caso de Inglaterra, traducido en un importante déficit que generaría una sucesión ininterrumpida de crisis y avances, y por la no consecución de medidas definitivas de recambio que paliaran las graves consecuencias, por sólo citar dos ejemplos, de la caída del mercado de los vinos primero y de la cochinilla después.

          Los acontecimientos que dimanaron de la situación general habían llevado a que el Archipiélago Canario, por su situación dentro del cruce de tráfico e intereses internacionales, estuviera condicionado, casi de forma permanente, por los conflictos internacionales del Estado español y presente en los ajustes entre las potencias ascendentes, caso de Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, fundamentalmente. De igual forma, estuvo en gran manera influenciado por la situación particular de quiebra institucional, conflicto bélico y guerra civil que se produjeron en España con la invasión napoleónica a partir de 1808. Las Islas Canarias, sin ser escenario directo de  los mismos, reflejó, de forma distorsionada por su lejanía y particularidades específicas, tanto los efectos de la contienda como los derivados del carácter centralista y uniformador del sistema que posteriormente se implantó, así como aquellos que la propia realidad de las islas iba generando.

          Esta lejanía, ya apuntada, de las Islas respecto de la Península así como la escasez de comunicaciones de aquellos momentos produjeron en la población canaria y a sus autoridades gran incertidumbre respecto al contexto nacional e internacional que hemos trazado. La llegada de cualquier noticia del acontecer de la nación española podía llevarles a festejarla o a rechazarla, mientras que en el escenario de los hechos pudiera estarse celebrando lo contrario. Así, la llegada de la noticia de la abdicación de Carlos IV y la subida al trono de Fernando VII, o las que presentaban a España bajo el yugo de los franceses con el rey José, generaron permanentes dudas y tuvieron incidencia directa en los acontecimientos posteriores.

           Fueron precisamente estas dudas las que embargaron al entonces Comandante General del Archipiélago, marqués de Casa-Cagigal, quien, al no tener clara la dirección de su lealtad,  envió  como informador a Madrid  a  un oficial de su confianza, el capitán Feliciano del Río. La misión, “en calidad de incógnito”, del  capitán del Río consistía  en llegar a la Península y averiguar el estado real de los acontecimientos. Este hecho fue considerado como indecisión de autoridad por su lugarteniente, el coronel de Infantería Carlos O`Donnell, quien, conocedor de los círculos más influyentes de la isla de Tenerife, aprovecharía la ocasión para poner en marcha una corriente de opinión desfavorable a Cagigal en la que censuraba públicamente su conducta.  Según nos relata  Francisco María de León (5) refiriéndose al Marqués de Cagigal, O`Donnell finalizaba sus discursos con expresiones tan alarmantes como la de que “Cagigal no existiría en otro pueblo que no fuese el de Canarias”.

           El escaso reconocimiento popular del marqués de Casa-Cagigal, las ansias de poder de O’Donnell, las noticias que llegaban de la Península y el conocimiento de distintas reuniones secretas en las que participaba su lugarteniente con otros militares como el teniente coronel, Juan Creagh, y juntos, con dos personas de gran influencia, caso de Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado y Juan Próspero de Torres Chirino, sólo contribuían a aumentar el descrédito del Comandante General. En estas reuniones fue ”donde se decidió la creación de una Junta Suprema gubernativa por el Cabildo general ya convocado, y en la cual Nava y Torres habían de ser por precisión los miembros más influyentes; y, por decirlo así, se compuso un triunvirato y se hizo para sus miembros la distribución de los grandes empleos de la provincia, asignándose a Nava la presidencia de la Junta Suprema, a O´Donnell el mando militar y a Torres Chirino la Intendencia”(6).

          Este clima social y político tan enrarecido era el que predominaba en los días previos a la celebración del Cabildo General en La Laguna, donde, una vez reunido y constituido en Junta, sus primeras disposiciones fueron destituir, arrestar e incoar causa al Comandante General, siguiendo después otras al Presidente y Fiscal de la Audiencia, al Gobernador de Armas de Gran Canaria y al Alcalde Mayor de La Palma. Por el contrario, O’Donnell se hizo otorgar el grado de mariscal de campo y el mando militar de toda la provincia, mientras el teniente coronel Juan Creagh recibió el mismo cargo para la isla de Tenerife. Ambos no habían perdido el tiempo. La paz civil había terminado.

  

La Junta Suprema de Canarias

         En el ambiente descrito, y con idéntico fin que en la Península, en Canarias se estableció una Junta como recurso de urgencia en la que se pretendía que concurriera la doble legitimación: la de sentirse heredera de la autoridad antigua y la de estar respaldada por la aclamación popular. La expresada Junta quedó constituida tras el Cabildo General abierto de La Laguna, convocado por el Corregidor de la isla de Tenerife, y se constituyó como tal en dicha ciudad el día 11 de julio de 1808, autodenominándose Junta Gubernativa de la Provincia y eligiendo como Presidente a Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado, y a Fray José González de Soto y  a Juan Tabares de Roo como Secretarios. El resto de la misma estaba constituida por los vocales siguientes: Juan Próspero de Torres Chirino, José de Molina y Alzola, Marqués de Villafuerte, Carlos O’Donell, José Murphy, José de Franchi y Mesa, Marqués del Sauzal, Juan Creagh, José Martínez de Fuentes, Pedro Bencomo, Beneficiado de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, Marcos Urtusáustegui, Fray Antonio Tejera, Provincial del Convento de San Diego de la Orden Franciscana, Cristóbal de la Cruz Zaldívar y Antonio Porlier. Con esta composición, la doble legitimidad se había conseguido.

          Con la finalidad de organizar mejor sus tareas y ganar tiempo en las resoluciones se organizó en cuatro Secciones: Hacienda, Comercio y Marina mercante (7),  Policía general y Beneficio Público (8), Justicia (9) y Guerra y Marina militar (10).

           Según nos relata Buenaventura Bonnet (11), para completar su organización, y para que se encargaran de todo lo relacionado con los asuntos eclesiásticos, la Junta designó también a los frailes Andrés Delgado, Antonio Tejera y José González de Soto.

          De la organización interna de la misma se informó al Comandante General, a los Magistrados, cuerpos civiles y empleados de rentas reales, a fin de que tuvieran conocimiento de la Sección a la que debían dirigirse para el mejor cumplimiento de sus funciones. Igualmente se autorizó a las Secciones para proponer a la Junta aquellas personas que, sin pertenecer a la Suprema, tuviesen  suficiente capacidad  dentro del ámbito de acción de cada una de ellas.

           Esta Junta tenía como misión fundamental regir los destinos del Archipiélago mientras durase la ausencia de Fernando VII, e imbuida de tal responsabilidad acordó que las demás islas enviaran sus representantes. Para hacer cumplir dicho acuerdo fueron invitados el Cabildo eclesiástico y secular de Gran Canaria, la Real Audiencia y el Tribunal de la Inquisición, el Cabildo de La Palma y los Ayuntamientos de las cuatro islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera. A todas estas instituciones  se les pidió que enviaran sus representantes, que actuarían en calidad de vocales. Pero debido a que la Real Audiencia expidió el 1 de agosto de 1808 una Provisión  declarando nula la Junta formada en Tenerife, los Ayuntamientos se abstuvieron de enviar a sus representantes, por lo que no pudo completarse, al menos por el momento.

          La singularidad isleña se manifestaba nuevamente. Un día antes de expedirse la expresada Provisión se recibió en Tenerife un oficio remitido por la Junta Suprema de Sevilla en el que se ordenaba la creación de la Junta de Canarias, que al estar ya constituida solamente sirvió para confirmarla. Nuevamente se reiteró la solicitud de envío de representantes accediendo todas las instituciones a lo solicitado excepto el Ayuntamiento de Gran Canaria, que decidió constituirse en Cabildo General abierto primero, y en permanente después.

          Confirmada y ratificada como subalterna por la Junta Suprema de Sevilla y reconocida su autoridad por el pueblo, políticos y militares, la Junta Suprema de Canarias se disponía a completar su organización. Para dar cumplimiento a las instrucciones procedentes de Sevilla se crearon Juntas Subalternas en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, todas ellas con la misión de, además de fomentar el desarrollo y mejor gobierno de sus respectivas islas, buscar apoyos para asegurar la fidelidad a Fernando VII.

          En cuanto a la Junta Subalterna de La Palma se constituyó en el Cabildo General celebrado en Santa Cruz de La Palma los días 1 y 2 de septiembre de 1808, eligiendo como Vocales representantes en la Suprema tinerfeña al Presbítero Manuel Díaz y al patricio David O’Daly (12) y como miembros de la misma a:

               Presidente: José María Fierro, de la Orden de Calatrava, y Sargento Mayor de la Isla.
               Secretarios: Pedro Alvarez, Presbítero
                                  Felipe Massieu y Tello
               Vocales:     Pedro Massieu, de la Orden de Santiago, Regidor decano.
                                 Miguel de Monteverde y Molina, teniente coronel.
                                 Manuel Medina. Venerable Vicario Eclesiástico.
                                Francisco de Lugo Viña.
                               José Rodríguez Rebato, Licenciado y sustituto del Fiscal.
                               Santiago López Aubert

          Respecto a la Junta Subalterna de La Gomera se creó en reunión de Cabildo General el 3 de agosto de 1808, convocado por el Alcalde Mayor de la isla, Antonio Dávila Echevarría. En él se acordó enviar como Vocales representantes a la Suprema de Tenerife a Ramón Dávila Echevarría y a Antonio Dávila Salazar, al igual que proclamar a los siguientes como miembros  de la expresada Junta Subalterna:
               Presidente: José Ruiz y Armas, Vicario y Beneficiado.
               Secretario: Antonio Cabeza Padilla, Presbítero
               Vocales:
                     En representación eclesiástica: Ramón Dávila Echevarría, Presbítero.
                     En representación de nobleza y propietarios: Pablo Ascanio Franchy y Alfaro.
                     En representación del Cabildo: Antonio Morales, Regidor y Alguacil  Mayor.
                     En representación militar: Domingo de Mora Orejón y Domingo García de Medina.
                     En representación popular: Antonio Fernández Alvarez y José Rafael  Rodríguez.

          Por  lo que se refiere a la Junta Subalterna de El Hierro, le cabe a la misma cierta peculiaridad, toda vez que el Ayuntamiento (13) de la isla, sin perder su propio carácter, asumió las funciones de Junta Subalterna. Designó como representante en la Suprema de Tenerife a Francisco Antonio Ayala Barreda, Presbítero y comisario del Santo Oficio.

          La isla de Lanzarote, después de diversas vicisitudes motivadas por las presiones ejercidas desde Gran Canaria para que no aceptara a la Suprema tinerfeña, contó igualmente con Junta Subalterna. Para superar el retraso que se produjo en su constitución, debido a la división de lealtades entre los miembros del Ayuntamiento de la isla respecto al Cabildo Permanente de Gran Canaria y la Suprema de Tenerife, se desplazó a  Lanzarote en funciones de Comisionado el capitán de Artillería y miembro de la Junta tinerfeña, Feliciano del Río. El 25 de septiembre de 1808, en reunión de Cabildo General celebrado en la Villa de Teguise, capital de la isla en aquel momento, quedó constituida la subalterna lanzaroteño, que envió como representantes a Tenerife al Beneficiado Antonio Cabrera y al Ayudante Mayor, José Feo y Armas. Quedó integrada tal como exponemos:

               Presidente: Manuel Antonio Travieso, Capitán
               Vocales:
                    En representación eclesiástica: Antonio Cabrera, Beneficiado y rector de la Iglesia Matriz y Pedro Pascual Ginory, Presbítero.
                    En representación de la nobleza y propietarios: José Luis de Bethencourt.
                   En representación del Cabildo: Luís Cabrera, capitán
                   En representación militar: José Feo de Armas, Ayudante Mayor del Regimiento Provincial de la Isla.
                   En representación del público y el comercio: Juan Valenciano, capitán, y el subteniente Marcelo Carrillo.

          Finalmente, la Junta Subalterna de Fuerteventura, al amparo del Comisionado Fernando del Río quedó constituida el 10 de octubre de 1808. Designó como vocales representantes de la misma en la Suprema de Tenerife a José Negrín Falcón y a Miguel Rugama Nieves. La componían los siguientes señores:

               Presidente: Antonio Alonso Manrique, Vicario interino y cura Párroco de Tetir.
               Vocales:
                    En representación eclesiástica: José María Zeruto, Beneficiado de la parroquia de la Villa Capital.
                    En representación del Cabildo: Sebastián Berriel, Regidor.
                    En representación militar: Diego José Dumpiérrez, subteniente.
                    En representación de la nobleza y propietarios: José Negrín y Falcón.
                    En representación del público y del comercio: Juan Sánchez, teniente de Milicias, Diego Espinosa de los Monteros y Miguel Rugama  Nieves.

           La utilidad de la Junta, al menos en los primeros momentos de la misma, exigía que sus pasos estuviesen guiados por la unidad y obediencia de todas las Islas, pero esto fue sencillamente imposible.  La constitución de esta Junta en La Laguna, asistida por las subalternas de las demás Islas, junto a algunas de sus resoluciones,  produjeron en Gran Canaria cierto descontento al entender que las circunstancias en las que se había formado la Junta lagunera no garantizaba la igualdad, además de romper el plan de armonía  y de unidad que se pretendía. Por tales razones, Gran Canaria decidió convocar un Cabildo General abierto, después declarado permanente, que reasumiendo la autoridad soberana de la Isla “deliberaba sobre las medidas más convenientes a la seguridad pública y a los intereses de la causa común” (14), además de negar la obediencia a las autoridades superiores de la provincia que residían en Tenerife. Así, en divorcio absoluto y total desavenencia, continuaron hasta la disolución tanto de la Junta como del Cabildo mediante  R.O. de 6 de junio de 1809.

           Una de las cosas que están fuera de toda duda dentro de la Historia de las Islas  fue la utilidad ocasional que prestó la Junta. Su actuación puso de manifiesto el progreso material, pues se ”evitó la ruina del Erario insular con la prohibición de extraer dinero del Archipiélago; se autorizó la venta de géneros de algodón, hasta entonces vedada, en beneficio de las clases más humildes; se dictaron leyes, protegiendo montes; se canalizaron aguas y se arreglaron caminos; la agricultura mereció especial atención; se intensificó la industria de la seda y otras; se introdujeron nuevos artefactos para la pesca y se concedieron premios  a la explotación de las salinas” (15).

          Según nos relata Buenaventura Bonnet acerca de la labor de la Junta, ésta se arrogó las atribuciones de un pequeño Estado: asumió el poder judicial, aumentó el sueldo de jefes, oficiales y soldados conforme a una soberana disposición que no habían quiero poner en vigor los Comandantes Generales, creó las Milicias Honradas, solicitó armamento a la  Península y, ante la imposibilidad de obtenerlos por esa vía, negoció directamente con Inglaterra  como si de potencia a potencia se tratara.

          Respecto al resto de las Islas, al estudiar las peticiones de las Juntas Subalternas insulares encontramos que su actuación pareció responder a los intereses de cada una de ellas y la evolución particular estuvo determinada por la orientación que les permitió su pequeño autogobierno. La Palma y La Gomera optaron por el desarrollo material. A Fuerteventura y Lanzarote les afectó más la división de lealtades entre la Junta lagunera y el Cabildo permanente grancanario,  por lo que sus adelantos fueron menos visibles.  Tenerife, obviamente, quedó fortalecida. Las distintas fases por las que atravesó la expresada Junta en su azarosa vida, primero como Junta Suprema, luego como Junta Electoral, como Junta Provincial y, tras ser suprimida, resurgir con idénticas atribuciones como Junta preparatoria para la elección de los integrantes de la Diputación Provincial, tuvieron una clara aspiración: la capitalidad de Tenerife que, en efecto, se consiguió.

 

Tropas canarias  en la Península

           Uno de los aspectos que queremos destacar en la presente comunicación, y en la que también intervino la Junta, a través de la Sección de Guerra y Marina y que dejó patente la convicción que la guiaba para derrotar a las tropas francesas, fue la decisión de cooperación y ayuda para el envío de tropas a la Península. En efecto, las necesidades de tropas y armamento en la Península a finales de 1808  posibilitó que la Junta, a petición de la Central del Reino, optara por realizar el alistamiento de tropas y crear el cuerpo de Milicias Honradas (16). Estas fueron  aprobadas y el 8 de mayo de 1809 quedaron definitivamente establecidas en las Islas las Compañías de Milicias Honradas. Para mejor dotación de las mismas se realizó una petición de armamento, primero a la Junta de  Sevilla, que no fructificó por las necesidades de los ejércitos allí establecidos, y después a Inglaterra, solicitud que tampoco prosperaría.

          Habría que esperar a noviembre de 1808 para que la Junta Suprema resolviera que el Batallón de Veteranos de Canarias y el Cuerpo de Milicias que pudieran hacer buen servicio en la Península (17) se trasladaran allí con la mayor brevedad posible y con toda la fuerza disponible “pero excluyendo a los individuos que  no estuvieran en la robustez y utilidad necesaria para las operaciones de campaña” (18). El problema radicaba en que la tropa no estaba uniformada ni había barcos para enviarla. Por tales razones se recurrió a donativos particulares para comprar las telas necesarias y a que, desde la Junta de Sevilla, se instara al Ministerio de Marina para que enviara los buques necesarios para el traslado de las Unidades.

           Una vez equipados (19) el Batallón de Canarias, al mando del brigadier José Tomás Armiaga, la Brigada de Artillería, al de su coronel José Fernández y los soldados de la bandera de la Habana, al de su comandante Pedro Castilla, una columna de 1000 hombres -800 de Infantería y 200 de Artillería- zarparon  hacia Cádiz el 29 de marzo de 1809 (20) en los bergantines Santo Domingo, San Miguel, La Juana y Minerva(21). Pocos días después, el 5 de abril, salían del Puerto de la Luz, en Gran Canaria, unos 600 hombres al mando del coronel José María de León, quienes, después de pasar por Santa Cruz de Tenerife, se dirigieron a Cádiz donde permanecieron algunos meses y recibieron instrucción y el armamento necesario.

           Al llegar a Cádiz, las tropas que salieron de Tenerife fueron agregadas al Ejército que mandaba el General Blake cuando se acercó a la isla de León. De allí pasaron a Murcia, Granada, y a Cádiz nuevamente, de donde partirían para Niebla y Badajoz, interviniendo en la Batalla de Albuera. Las que salieron de Gran Canaria, una vez concluido el periodo de aclimatación e instrucción,  se encontraron en la retirada que siguió a la batalla de Talavera. Posteriormente pasaron a Cádiz y más tarde fueron agregadas al Cuerpo de Artillería para reforzarlo, formando por último parte de la División al mando del General Lacy que incorporó Lord Wellington a su Ejército. Después de la derrota de los franceses, las tropas regresarían a Canarias en 1812. Por referencia indirecta (22) sabemos que el General Lacy destinó siempre las Milicias Canarias a la vanguardia de sus tropas, siendo el mejor elogio que podían presentar tinerfeños y grancanarios.

          Como hemos expresado con anterioridad, Canarias no fue escenario real de enfrentamientos armados, pero sí sufrió los efectos colaterales de la contienda, no solamente por su aportación militar, sino también por ser lugar de destino de soldados franceses hechos prisioneros durante la guerra. Las Islas habían sido, en tiempos de paz, “parada y fonda” donde funcionarios y civiles hacían carrera rápidamente o adonde se desterraba a funcionarios que se habían excedido en sus cometidos.  Ahora, en tiempos de guerra, se recibieron 1.484 prisioneros franceses a los que distribuyó por las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. “Primero estuvieron encerrados, pero más tarde el gobierno español encontró de su interés autorizar que trabajaran con los habitantes que lo solicitaran, lo que permitió que su situación se volviera más soportable; y la abnegación con la que, en tres epidemias sucesivas, estos franceses salvaron a los nativos de una destrucción total, terminó por concederles la libertad” (23). Hemos de reseñar que muchos de ellos se evadieron, otros murieron en las distintas epidemias que azotaron a las Islas y otros se establecieron definitivamente en el Archipiélago, donde, con la excepción de unas pocas acciones de pillaje para poder sobrevivir, convivieron en total armonía con el resto de la población.

 

El origen de una evolución política.

           El Archipiélago Canario era uno de los territorios que, de forma adyacente, conformaban dentro de la Monarquía española los dominios no europeos de la Corona.  Por tratarse de un territorio conquistado, desde el momento de su incorporación, por derecho de conquista, gozaba de un conjunto de privilegios y exenciones de tipo económico y de tipo militar. Será a partir de las Cortes de Cádiz cuando las Islas han de adaptarse a la estructura liberal, pero perdurará su pretensión de mantener antiguos privilegios y  rechazar todas cuantas disposiciones  pusieran en peligro el llamado hecho diferencial, más visible en su régimen económico que en cualquier otro orden.

           La corta pero notable existencia de la Junta, además de prestar importantes servicios a la Nación e impulsar el progreso material del Archipiélago, proporcionó la oportunidad de dar cauce de participación adecuada a las “viejas y nuevas fuerzas sociales” y grupos de intereses que existían en  las Islas. Ello llevó a que en el seno de la misma se plantearan propuestas de readaptación del Archipiélago a la nueva realidad que imponía la invasión francesa. El contenido de esa propuestas, que demuestran su deseo de hegemonía insular, estuvo dirigido a salvaguardar las exenciones históricas y, caso de no poder mantenerlas, a buscar soluciones de recambio que permitieran mejores ventajas.

          Para las clases dirigentes canarias, después de la invasión napoleónica nada podía continuar igual, puesto que el manto protector que desde la conquista había resguardado a las Islas se había diluido. Ante tal situación, parece normal que la indefinición y la duda les asaltarán acerca de qué postura tomar, ya que aceptar la España del rey José hubiera sido catastrófico, desde el punto de vista económico, para unas islas que se habían beneficiado del bloqueo napoleónico. Otra alternativa posible, de las varias que se plantearon, la de aliarse con Inglaterra, no parecía descabellada.

            Además, eran conscientes de su pequeñez, de la vulnerabilidad de unas islas estratégicamente situadas y en extremo dependientes del exterior, en particular de Inglaterra, y además de los intereses contrapuestos que separaban a los sectores oligárquicos de Tenerife y de Gran Canaria. Pero sabían también que las posibles soluciones dependían de la evolución de los acontecimientos en el contexto internacional y, por ello, en su opciones antepusieron siempre la consolidación de un status específico para el Archipiélago que garantizase su libre comercio. Quizá eso explique tanto las dudas iniciales como la acusación de falta de vehemencia patriótica  por parte de Madrid.

          Es en ese marco donde debemos situar la actuación de las clases dirigentes grancanarias y tinerfeñas. La llegada  a Gran Canaria de la noticia de la proclamación de José I  generó dudas en un sector de sus dirigentes, que sería criticado duramente por los tinerfeños acusándoles de afrancesamiento. Casi idéntico argumento se utilizó para cesar al Comandante General, por no saber si aceptar la legitimidad bonapartista o esperar a ver como se desarrollaban los acontecimientos. Esa indecisión de la Autoridad, entendida también como triunfo de los violentos, fue la que exasperó a las clases dominantes tinerfeñas y la que colocó en un pedestal a 0'Donnell, que parecía tener mayor capacidad  de resolución.

           El célebre manifiesto de Miguel Cabral de Noroña reproducido por Álvarez Rixo refiere que la Junta era una “pandilla de infames e imbéciles que hasta entonces no se gloriaban sino de la independencia de las islas y de formar estado aparte bajo la protección imaginaria de la Gran Bretaña” hasta que arribaron a Tenerife las embarcaciones de la Junta Gubernativa de Sevilla que reafirmaban la autoridad soberana de Fernando VII. Más adelante afirma que el mismo Nava “escribió al Ministro británico prometiéndole una especulación lo más atrevida contra los destinos y derechos sagrados de estas islas”. Sin embargo, ese Ministro no contestó tales proposiciones. Juan Primo de la Guerra, en su Diario, recoge similar correspondencia del marqués en la que propone que “en caso de ser tomada España por Bonaparte, de estas islas se formaría un estado separado, el cual quedaría bajo la protección inglesa.”

          Un historiador de tanto prestigio como Rumeu de Armas, al reproducir El Apuntamiento de la persecución que padece el Marqués de Casa Cagigal, relata la entrevista entre O’Donnell y Juan Próspero de Torres con el Comandante General. En ella se atrevió el segundo "a proponerle al Jefe entregarnos y sujetarnos a la dominación británica”.

            El  propio Alonso de de Nava, marqués de Villanueva del Prado, respondiendo a tales acusaciones afirmó, en 1810, que a los patriotas más decididos “se les ha querido rebajar el mérito con la acusación voluntaria de que propenden a la dominación inglesa”. Es para él una imputación insostenible que los canarios, "acostumbrados al mismo trato que las regiones peninsulares de la monarquía, crean que el gobierno inglés convendría, pues siendo favorable para los que viven en su metrópoli, es uno de los peores para los establecimientos ultramarinos."

          La Junta Suprema de Canarias hace suyos los postulados y puntos de vista de las elites tinerfeñas. El estudio de la documentación (24) interna de la Junta, conservada por uno de sus miembros, Gaspar de Franchy, marqués del Sauzal, demuestra que sus componentes debatieron las opciones de futuro de las islas. Se trata de escritos sin firmar, que demuestran la claridad de planteamientos de este singular representante tinerfeño ante las opciones a elegir para las islas.  El  primero de esos documentos es una acusación de bonapartismo a la clase dirigente grancanaria, mientras que el segundo es una clarividente propuesta de futuro para las islas.

           En esa propuesta se expresa el estado fatal de España, con la amenaza de que su conquista está “muy de cerca”. Si ésta se confirma, la Junta debe velar por “el buen orden, tranquilidad, fidelidad y seguridad, por lo que se debe meditar desde ahora para prevenir ese hecho al hallarnos en medio de los mares”. Ante tal confirmación “las Islas Canarias tienen privilegios que no deben jamás abandonar”. Para preservarnos “es indispensable el ponernos bajo la protección de una Nación poderosa, o como protegidos, formando una república o haciendo parte integrante de la referida nación, o de aquella que más se acerque a la conservación de los referidos privilegios”. Para ello no existen otras potencias a las que recurrir sino a Inglaterra, Estados Unidos de América, Brasil o nuestras Américas “si resuelven hacerse potencia independiente”. De esa forma, bajo la fórmula de un protectorado, o independientes, en poco se alteraría el sistema económico insular y “formaríamos en medio del mar una pequeña república comerciante como la de Génova”, aunque sin contacto con las potencias beligerantes.

           El caso de Inglaterra parecía justificarse por sí solo. Respecto a la unión  con las Provincias Unidas de América del Norte, señala el documento que sería lo más análogo a nuestro sistema y destaca que cada una de estas provincias de esta nueva República americana se gobierna por sí misma en todo y por todo; bien que unidas bajo una Asamblea general y un Presidente.

          Opina el documento que, como en este caso nuestra agregación sería voluntaria, tanto más razón de nuestra parte para existir bajo nuestras leyes y sistema de nuestra constitución, enviando nuestros diputados para concurrir con  ellos a la operación de la Asamblea General de dichas Provincias. Nuestra contribución se establecería por nosotros mismos y sería relativa a nuestro estado, aunque siempre conforme a las urgencias de la nación de la que éramos miembros.

          Las Provincias Unidas, continúa estudiándose, siguen un sistema de neutralidad que no promete causarnos embarazos ni exponernos a excesivas contribuciones. Sin embargo, el ser parte integrante de esta república no puede sernos tan útil como el ser república nosotros mismos, sin dependencia de nadie y bajo la protección de todos.

         En cuanto a la unión al Reino de Brasil, expresa Franchy, que si nos unimos al nuevo Reino del Brasil sería bajo nuestra Constitución y Junta Suprema. El Gobierno del Brasil se comunicaría directamente con esta Junta sin necesidad de Gobernador ni de otra autoridad alguna. Si no se admitiere nuestra proposición sin gobernador, se admitirá éste como miembro y jamás como Presidente de la Junta, pues debe siempre estar sometido a ella.

          Como el acto de someternos a ser parte integrante de aquel Reino sería un acto de nuestra propia voluntad, podríamos pedir todo lo que nos conviniera, y caso de acordarse con nuestras voluntades aquel gobierno, se darían todas nuestras órdenes en nombre de Su Majestad el Rey o Señor de estas Islas.

          Finalmente refiriéndose el documento a una hipotética unión con nuestras Américas  españolas si se declarasen independientes, nos someteríamos a ellas bajo las mismas condiciones. Ellas no necesitan auxilios, y siendo parte integrante de aquella potencia y eternos aliados de Inglaterra, como esta nación lo sería de aquellas Américas, y siendo, además de todo lo anterior, nuestras Islas la única estancia de las Américas cerca de Europa, calculaban Franchy y sus compañeros de Junta, que vendrían a ser estas Islas el almacén de todos los productos de América para su distribución; lo que, agregado a nuestro propio comercio, podría hacer del Archipiélago el país más feliz del mundo. Y concluía el documento declarando que de cualquier modo que consideremos el estado de Europa, "parece presentar un bien para esta Provincia, si tenemos valor, constancia y buena dirección."

          La propuesta de Gaspar de Franchi demuestra palpablemente el punto de vista de las elites dominantes tinerfeñas en una época de incertidumbres y de cambios tan profundos. El bienestar que para ellas depararon los años del bloqueo continental napoleónico refuerza el papel de Canarias como centro de posible intermediación del comercio mundial y beneficiaria de las ventajas que podría posibilitar la situación internacional.

          Lo expuesto se corresponde indudablemente con los puntos de vista de las clases dominantes tinerfeñas, excesivamente dependientes del exterior y enriquecidas no sólo con el auge de las exportaciones vinícolas gracias a la coyuntura bélica, sino por su papel de eje de intercambios y suministros, cuyo centro sería la isla de Tenerife,  y sobre todo la ciudad de Santa Cruz, en sus ansias de convertirse en capital de la provincia. Son propuestas que se debatieron, pero quizás la rapidez con la que se produjeron los acontecimientos impidió que prosperaran. Lo importante, a nuestro juicio fue su presentación y exposición. Seguramente introduciría elementos de reflexión en quienes no las concebían así. La Junta, como tal, constituyó el origen de nuestra particular evolución política.

 

El impacto de la emancipación americana

          Plantea el  Dr. de Paz Sánchez en su trabajo Amados Compatriotas. Acerca del impacto de la emancipación americana en Canarias (25), que “en términos generales lo que ha sido definido tradicionalmente como hecho diferencial canario, esto es, el carácter insular, su lejanía de la  España  peninsular, su peculiar modelo económico, su particular vinculación con América y su remoto origen africano, son factores que se solapan o experimentan determinadas subidas de nivel histórico cuando por circunstancias de carácter geopolítico e internacional, las Canarias han percibido cierta sensación fronteriza.” (26).

          De acuerdo con esta afirmación, desde el inicio del proceso emancipador de la   América continental española y tras la batalla de Ayacucho, se produjo en Canarias una indiscutible sensación se inseguridad, de frontera de batalla y de estar en la lista de las futuras mermas del territorio español. Pero a la vez, esos mismos acontecimientos de carácter suprarregional despertaron en determinados sectores una conciencia diferenciadora que, poco a poco, fue tomando carácter  político en distinta línea, bien nacionalista,  bien  separatista (27).

          Las Islas Canarias antes de 1808 formaban más parte del panorama americano que del peninsular, Por esa razón, la emancipación de las colonias americanas, en la que influyeron poderosamente acontecimientos internacionales, convertirían al Archipiélago en avanzada fronteriza de España. Ello se percibe ante la frecuencia con la que corsarios insurgentes merodearon por aguas canarias. Sus barcos constituyeron un obstáculo para el tráfico marítimo, tanto interior como exterior, y una considerable amenaza para la supervivencia en una situación de crisis económica, e incluso llegaron a tomar tierra en diversos enclaves de Gran Canaria, La Gomera y Tenerife (28). En este sentido está contrastada la presencia en aguas canarias de corsarios argentinos en 1816; de bergantines, goletas y corbetas de procedencia desconocida en aguas de La Palma en 1819; en el norte de Gran Canaria, un bergantín insurgente procedente de la Isla de Margarita llegó incluso a fondear en la rada de Arguineguín, en 1821, y otro procedente de Colombia, que sembró el terror de los barcos costeros, prácticamente bloqueó el espacio marítimo que constituía la ruta hacia la Península. Los ataques parecían obvios, pues  Canarias era la posición más avanzada de España en este lado del Atlántico.

          También se percibió en las Islas el impacto emancipador mediante algunos episodios de guerra ideológica como pudo ser la llegada a Canarias de un manifiesto en el que se invitaba de forma muy sutil al Cabildo de la Laguna a sumarse a una rebelión ante las injusticias de la metrópoli. Ese documento, titulado “Amados Compatriotas”, constituye una crítica de profunda densidad contra los despóticos funcionarios peninsulares  y una loa a la institución lagunera.

          Del contenido del manifiesto tuvo conocimiento el Capitán General, y después de obtener la adhesión de las instituciones civiles de las Islas, no lo envió a la Corte por temor a que cayese en manos de los corsarios. Pero sí aprovechó la ocasión para pedir refuerzos militares ante la excesiva circulación de noticias de intrigas y maquinaciones cuyos orígenes se situaban en América. El Regimiento Ligero de Infantería Albuera, sería el  enviado a “tranquilizar” las Islas.

 

Conclusión

          Después de lo expuesto, y a modo de síntesis conclusiva, entendemos que las guerras del primer tercio del siglo XIX en España y en América evidenciaron la internacionalización de los problemas del Archipiélago y su importancia singular dentro de las rivalidades de las potencias europeas al desplazar a España como potencia de primer orden.

         Los acontecimientos derivados de la situación de quiebra institucional, conflicto bélico y guerra civil que ocurrieron en España con la invasión napoleónica a partir de 1808 afectaron indudablemente al Archipiélago Canario. Éste, sin ser escenario directo de los mismos, reflejó, de forma distorsionada por su lejanía y particularidades específicas, tanto los efectos de la contienda como los derivados del carácter centralista y uniformador del sistema que posteriormente se implantó. Además su situación, dentro de un cruce de tráfico e intereses internacionales, generó el que las Islas estuvieran condicionadas, casi de forma permanente, por los conflictos internacionales del Estado español y que el Archipiélago estuviera presente en los ajustes entre las potencias ascendentes, caso de Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, fundamentalmente.

          La invasión napoleónica trastocó en  Canarias el orden establecido en forma de inseguridad, desconcierto y miedo tanto en las autoridades militares, como en determinadas clases dirigentes  La presencia de corsarios en aguas del Archipiélago, los planes de defensa internos, el ser Canarias lugar de destino de prisioneros franceses  y las reacciones de apoyo a las acciones antinapoleónicas que se desarrollaban en la Península, llevó a la Junta, casi de forma ininterrumpida, a solicitar su participación directa en la contienda, presencia que se retrasó por la falta de uniformes y medios para las Unidades, así como del transporte que las llevara hasta Cádiz.

          La “sociedad civil”, su clase dirigente, se debatía entre la indefinición y el pragmatismo, y esta actitud estuvo presente en los debates de la Junta Suprema de Canarias, con cuya actuación se polarizó la política canaria en torno a la proyección político-administrativa del viejo conflicto que, desde el siglo XVI, enfrentaba a Tenerife y a Gran Canaria por el control hegemónico del Archipiélago. Con el mismo asunto de fondo, junto a la clara  tendencia proinglesa de Tenerife y  la acusación de profrancesa a Gran Canaria, en cuanto a las soluciones de recambio para el futuro del Archipiélago aparecerían, como nuevas variables de esa confrontación, los temas de la Universidad, del Obispado, de la Audiencia,  y de la capitalidad.

          Finalmente, durante el proceso emancipador  y sobre todo a partir de la Batalla de Ayacucho, que permitió la independencia de las colonias americanas, Canarias adquirió una considerable revalorización estratégica que aumentaría posteriormente con las pérdidas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, al quedar convertida en frontera de la monarquía hispánica.

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NOTAS

1 - JUANA LOPEZ, Jesús de: La Guerra de la Independencia (1808-18014) en Historia Contemporánea de España. (Siglo XIX). Edit. Ariel.  Madrid 2002. pág. 27
2 - PALACIO ATARD, Vicente:  La España del siglo XIX, 1808-1898.  Edit. Espasa Calpe. Madrid 1978. pág. 29
3 - MARZOL JAEN, M.V. Geografía de Canarias. Geografía Física. Tomo I. Edit.  Interinsular Canaria. S/C de Tenerife. 1984. pág. 158
4 - BRITO GONZALEZ, Oswaldo: Historia Contemporánea de Canarias, 1770-1876. El tránsito a la contemporaneidad.  S/C de Tenerife, 1989.
5 - LEON, Francisco María de: Historia de las Islas Canarias 1776-1868. S/C de Tenerife, 1978. pág. 67
6 - Ibid. pág, 72
7 - La formaron José Bartolomé Mesa y Ponte, Juan Próspero de Torres Chirino, Bernardo Cólogan y José Murphy y tenía competencias en el comercio interior y exterior, impuestos, derechos d entrada y salida, artículos de importación o extracción, arbitrios, recaudación de caudales, distribución de los mismos y de más asuntos relacionados con los empleados en las oficinas de cuentas.
8 - Esta Sección tenía atribuciones en educación pública, construcción de caminos, fomento de montes, agricultura, artes, y todo cuanto estuviera relacionado con el orden y la prosperidad de las Islas. La componían Pedro Bencomo, Fray Antonio Tejera, el Marqués del Sauzal, el Marqués de Villafuerte José Martínez de Fuentes  y  José Murphy.
9 - La Sección de Justicia se encargaba de los recursos judiciales en general así como de asesorar al resto de las Secciones en cuestiones jurídicas. Sus integrantes fueron: Antonio Leonard, Félix Pérez de Barrios, Bartolomé González de Mesa y Juan Próspero de Torres Chirino.
10 - Guerra y Marina militar constituían una Sección que se encargaba de todos los asuntos relacionados con la milicia y la marina, organización de cuerpos, ascensos, sueldos, retiros, etc. Formaron parte de la misma, Juan Creagh, Marcos Urtusáustegui y Juan Tabares de Róo.
11 - BONNET Y REVERON, Buenaventura. La Junta Suprema de Canarias.  Tomo II. Edit Interinsular Canaria. S/C de Tenerife.  1980. pág. 22.
12 - Ibid. Pág. 609.
13 - Componían el Ayuntamiento de El Hierro los siguientes: Alcalde, Rafael Padrón Espinosa, Cristóbal Acosta, Nicolás Antonio Barreda Espinosa, Cristóbal Rocha, Pedro Miguel Guadarrama, Simón de Morales Barreda, Juan Francisco Ayala, Esteban Casimiro Espinosa, Abdón Borges. Como Secretario del Cabildo, Marcos Padrón Machín.
14 - LEON, Francisco María de: Historia de las Islas Canarias 1776-1868. Op., cit., pág. 86.
15 - BONNET Y REVERON, Buenaventura. La Junta Suprema de Canarias.  Tomo II. Op. Cit. 762.
16 - En Canarias ya desde septiembre de 1808 la Junta Suprema de Canarias había propuesto la creación de un Cuerpo de Milicias Urbanas.
17- Archivo de la Capitanía General de Canarias (en adelante A.C.G.C.)  Libro 3º de Reales Ordenes. 1721-1812. Pág 109 r.
18 - A.C.G.C. Caja 634. Carpeta 2. pág. 6.
19 - Fue necesario recurrir a las facilidades dadas por el comerciante Patricio Murphy y a los donativos que casi de forma exclusiva vinieron de La Orotava. La equipación constaba  de chaqueta de paño, pantalón de lienzo, camisas, medias, pantalones, botines, zapatos, sombreo y mochila. A,C.G.C. Caja 634. Carpeta 2. Pág. 29.
20 - A.C.G.C. Caja 634. Carpeta 2. pág. 21.
21 - A.C.G.C. Caja 634. Carpeta 2. pág. 27.
22 - La referencia la recoge Buenaventura Bonnet, en la página 445 de su libro La Junta Suprema de Canarias, tomada del libro del historiador alemán J. Freihern von Minutoli, Die Canarischen Islen , publicado en Berlín en 1854, pág. 98.
23 - GEISENDORF-DES GOUTTES. Los olvidados de la Atlántida. Libro III de Los Archipiélagos Encantadores y Huraños. Traducción José A. Delgado Luis. Introducción: Manuel Hdez. Glez. Tenerife, 1994. pág. 109.
24 - El estudio ha sido realizado por el Dr. Manuel Hernández González, al que seguimos en este apartado. Parte del expresado estudio ha sido publicado en el Anuario de Estudios Atlánticos, Nº 45, 1999 bajo el  título “Canarias y la emancipación hispanoamericana en la época de la Junta Suprema”.  La otra parte del estudio, que aún permanece inédita, nos ha sido facilitada por el citado Profesor, lo que sinceramente agradecemos.
25 - PAZ SANCHEZ, Manuel de. Amados Compatriotas. Acerca de la emancipación americana en Canarias.  Colección Taller de Historia. Centro de la Cultura Popular Canaria. S/C de Tenerife, 1994.
26 - Ibidem. Pág 17-18.
27 - Ibid.
28 - Ibidem, pág 31.