El corregidor prepotente (Retales de la Historia - 141)

 
Por Luis Cola Benítez  (Publicado en La Opinión el 29 de diciembre de 2013).
 
 
 
          La figura del corregidor en la primitiva organización administrativa de Tenerife respondía a un importante rango de nombramiento real que tenía a su cargo lo concerniente a la administración de justicia y que en ocasiones suplía al gobernador como máxima autoridad en el Cabildo de la Isla. Pero en la práctica no es extraño observar que sus actuaciones invadían campos que no le eran propios. Por ejemplo, cuando solicitaba a los alcaldes informes mensuales del precio de venta del aceite y otros productos o intervenía en el remate de la renta del jabón o en la recogida de papas en el valle de El Bufadero.
 
          Al alcanzar Santa Cruz el rango de Villa exenta, se recibió una real provisión para que el corregidor de La Laguna diera cumplimiento a la Real Cédula de 28 de agosto de 1803 sobre el compatronato y título de villazgo, a lo que el Cabildo de La Laguna se mostró reacio mientras pudo, por lo que pronto comenzaron los problemas. En 1805 el corregidor pidió al alcalde de Santa Cruz que hiciera subir a La Laguna a dos vecinos para tomarles declaración y el alcalde González Sopranis le contestó que el "nuevo juzgado ordinario de esta Villa exenta no puede obligar en dicho sentido, pero sí les puede tomar declaración en esta Villa." Otros ejemplos son cuando se recibió oficio del corregidor anunciando que la Real Audiencia le había conferido las actuaciones sobre todo lo concerniente a montes, con la consiguiente protesta de la nueva Villa, o cuando en 1809 reclamó los testimonios de las elecciones para oficios de república, a lo que se contestó que dichos testimonios, "después del privilegio de Villazgo se han omitido como exenta este Villa de toda dependencia." Los roces continuaron por diversos motivos relacionados con elecciones de diputados a Cortes o con cuantas competencias Santa Cruz entendía que le correspondían por el villazgo.
 
          Pero había algo con lo que La Laguna no transigía, y era el tratamiento que Santa Cruz le daba sin reconocer a su Cabildo como de toda la Isla, entendiendo que su jurisdicción sólo abarcaba como Ayuntamiento a La Laguna y su partido. La queja a la Real Audiencia no se hizo esperar y, en 1815, el máximo órgano pidió explicaciones a Santa Cruz, cuya contestación, bajo informe del letrado José de Zárate en el que se explicaban las razones que esgrimía la Villa exenta, firmaron el alcalde José Crosa y los regidores Enrique Casalón y José Mª de Villa.
 
          La situación se complicó cuando el 14 de octubre del mismo año el corregidor del Cabildo lagunero Juan Persiva se presentó en el puerto “con vara alta” y acompañado de alguaciles, notificándole Crosa que debía entregar la vara por encontrarse fuera de su jurisdicción, a lo que se negó el corregidor. El alcalde le conminó mediante el escribano público Enrique José Rodríguez, al que Persiva contestó que se considerara arrestado. Reunida la corporación por la provocación que representaba la ostentación de vara y alguaciles, se acordó intimarle de nuevo y arrestarle si no obedecía, lo que llevó a Persiva a acudir al comandante general Pedro Rodríguez de la Buria, que no atendió su demanda, protestando por los gritos proferidos desde el balcón del consistorio –“¡ese bastón! ¡ese bastón!”– y pidiendo prueba de que no podía llevar vara o bastón y alegando que no podía ser arrestado por tener fuero al ser "corregidor y capitán a guerra", por lo que estaba fuera de la jurisdicción de un alcalde ordinario. Fue entonces el alcalde el que pidió al comandanta general su colaboración e influencia para no tener que arrestar al corregidor, al que dirigió oficio recomendándole salir de la Villa, que no pudo entregar el escribano por no encontrarle.
 
          El alcalde Crosa ofició al regente y oidores de la Audiencia denunciando lo ocurrido, al tiempo que protestaba a Persiva por su provocación al pueblo, a lo que el corregidor contestó con insultos. Previo informe del síndico personero Patricio Anran de Prado y testimonios de testigos, se acordó elevar recurso a la superioridad y representaciones al Rey y al Supremo Consejo de Castilla, abriendo suscripción pública para cubrir los gastos "de la defensa de los Derechos de Santa Cruz." El pleito, abonado con nuevas desavenencias surgidas, se prolongó durante años.
 
          Aún hay más. Cuando el corregidor ordenó al alcalde de San Andrés que hiciera padrón de vecinos, a lo que no accedió, Persiva dijo que no tenía noticias de "que dicho Valle haya sido comprehendido en la gracia de Villazgo que consiguió el Puerto”, a lo que el alcalde Crosa contestó que del privilegio "se concluye queno se reconoce en Vm. ni en ese Ayuntamiento jurisdicción ni autoridad alguna para mandar, gobernar ni prevenir a este Pueblo eximido absolutamente, al paso que sus Jueces, autoridades y vecinos serán subordinados y exactos con las Superioridades que S. M. ha designado.”
 
          Por si faltaran motivos de confrontación, a finales de 1819 llegó R. O. estableciendo en Santa Cruz la Junta de Contribuciones y Estadística, lo que animó al ayuntamiento en su idea de alcanzar de las Cortes la capitalidad de la provincia, con la oposición, claro está, de La Laguna y Las Palmas.
 
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