Por Carlos Hernández Bento  (Publicado en el mejicano Diario de Colima el 10 de junio de 2017).
 
 
 
          La semana pasada comprobábamos el carácter universal de las Cortes de Cádiz (1810-1814) y de su Constitución (1812), la cual influyó en toda Europa, siendo muy debatida en países que ya tenían tradición constitucionalista como Gran Bretaña, Francia o territorios del ámbito germánico; y contribuyendo directamente al articulado de Constituciones de países que todavía no tenían experiencia como Italia, en aquel momento no unificada, Portugal o Rusia. Asimismo, vimos como caló en toda Iberoamérica (incluidas Brasil, que lo fue a través de la carta portuguesa y Venezuela, cuya Constitución es anterior en un año, 1811, pero que no escapó a su influjo, dado que la mayor parte de los artículos de la de Cádiz ya estaban aprobados para entonces).
 
          El texto, conocido como “La Pepa”, fue obra no sólo de los españoles europeos, sino también de los americanos (y filipinos). Los 17 mexicanos que llegaron a firmarla, la consideraron como propia, porque, como decía Guridi y Alcocer, “nosotros contribuimos a su formación y porque era una buena Constitución […]”.
 
          Ahora bien, como suele ocurrir siempre y en todo lugar, unos diputados participaron más que otros, interviniendo mayor número de veces. En este sentido, el propio Guridi Alcocer o Ramos Arizpe fueron extraordinarios oradores y quizá los más destacados de entre los 21 diputados novohispanos presentes en las Cortes de Cádiz; siempre dispuestos a hablar y a defender enconadamente todas y cada una de las causas de los americanos. La relación completa es la que sigue:
 
          José Ignacio Beye Cisneros Prado, eclesiástico, electo propietario por la ciudad de México; José Eduardo Cárdenas Romero, eclesiástico, electo propietario por Villahermosa, natural de Cunduacán, Tabasco; José María Couto e Ibea, eclesiástico, electo suplente; Francisco Fernández Munilla, militar, electo suplente; José Cayetano Foncerrada y Ulibarri, electo por Valladolid, hoy Morelia; Miguel Mariano González Lastiri, electo propietario por Yucatán; José Miguel Gordoa y Barrios, electo propietario por Zacatecas; Juan José Ignacio Guereña y Garayo, electo propietario por Durango; José Miguel Guridi y Alcocer, electo propietario por Tlaxcala; José María Gutiérrez Terán, electo suplente, natural de Madrid; José Máximo Maldonado López, electo suplente, natural de Sierra de Pinos, Zacatecas; Joaquín Maniau Torquemada, electo propietario, natural de Xalapa; Mariano Mendiola, electo propietario por Querétaro; Manuel María Moreno, electo propietario, natural de Sonora y Sinaola; Octaviano Obregón y Gómez, electo propietario, natural de Guanajuato; Antonio Joaquín Pérez Martínez, natural de Puebla; Pedro Bautista Pino, electo propietario por Nuevo México; José Miguel Ramos Arizpe, electo propietario por Coahuila; Salvador San Martín y Cuevas, electo suplente, por Nueva España; Andrés Savariego y Colonia, electo suplente, por Nueva España; José Simeón Uría y Berrueco, electo diputado propietario, Nueva Galicia.
 
          JOSÉ MIGUEL RAMOS ARIZPE, nació el 15 de febrero de 1775 en el Valle de San Nicolás de la Capellanía, ciudad que hoy lleva su nombre (“Ramos Arizpe”), dado en su honor junto a la categoría de villa el 19 de mayo de 1850, en el estado de Coahuila. (Se trata de una población a 60 km de Monterrey, cabecera del municipio de su nombre y una de las ciudades más industrializadas de dicho estado).
 
          Nuestro personaje comenzó sus estudios en el Seminario de Monterrey (Nuevo León), ordenándose sacerdote en 1803. Siguió sus estudios en la Real Universidad de Guadalajara (Nueva Galicia) y cinco años después se doctoró en filosofía, cánones y leyes. En el Seminario de Monterrey acabaría impartiendo las cátedras de derecho canónico y civil.
 
          El 24 de julio de 1810 fue electo diputado propietario por Coahuila a las Cortes de Cádiz. Su viaje hasta la Península Ibérica duró exactamente dos meses (entre el 28 de diciembre de 1810 y el 28 de febrero de 1811).
 
          De ideas liberales y federalistas, se mostró muy activo durante todo el período legislativo (1810-1814), siendo miembro de distintas comisiones: Justicia, Biblioteca de las Cortes, Honor y Hacienda.
 
          Sus participaciones más destacadas tuvieron que ver con la defensa de la autonomía de las provincias internas y el derecho a un gobierno representativo. En la sesión del 7 de noviembre de 1811 dio a conocer la “Memoria presentada a las Cortes por D. Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, sobre la situación de las provincias internas de Oriente”.
 
          Su intervención redundó en el establecimiento de las diputaciones provinciales. También participó con motivo de la aprobación de los artículos 22 y 29 del Proyecto de Constitución; el primero relativo a la exclusión de las castas del derecho de ciudadanía, y el segundo relativo a la población que sería tomada en cuenta para las elecciones a Cortes. Su defensa fue decidida y hasta airada, si bien resultaría infructuosa.
 
          Con la vuelta al trono de Fernando VII, se disuelven las Cortes el 10 de mayo de 1814. Arizpe, como tantos otros, es detenido y sometido a un riguroso juicio, en el que se le acusó de traición al rey. Después de más de un año en las cárceles de Madrid, fue trasladado al monasterio cartujo de Porta Coeli en Bétera, a unos 20 km de Valencia (España). Allí permaneció hasta que, a la llegada del Trienio Liberal, las clases populares valencianas lo excarcelaron junto a otros presos políticos, volviendo a las Cortes Españolas entre 1820 y 1823, reunidas esta vez en Madrid.
 
          A su regreso a México se le eligió para integrar el llamado segundo Congreso Constituyente Mexicano de 1823-1824, en el que participó decisivamente en la aprobación del Acta Constitutiva de los Estados Unidos de México de 31 de enero de 1824, así como en la elaboración de la posterior Constitución, jurada el 4 de octubre de ese mismo año.
 
          Bajo el gobierno del presidente Guadalupe Victoria, de 1824 a 1829, fue ministro de Justicia, cargo que también ocupó con el presidente Manuel Gómez Pedraza entre 1832 y 1834. En 1842 fue diputado a Cortes Constituyentes por Puebla y miembro de la junta que surgió de las Bases de Tacubaya.
 
          El 28 de abril de 1843, con 68 años de edad y enfermo de gangrena seca, murió en la catedral de Puebla, donde había sido deán y chantre. El 29 de junio de 1974 sus restos mortales fueron exhumados y trasladados a la “Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México”. Su defensa del federalismo, primero como español de América y después como mexicano, le valió el sobrenombre de “Padre del Federalismo”.
 
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